En Rosario hay al menos 50 juicios de desalojo que ingresaron a los tribunales provinciales desde el 20 de febrero pasado. Y desde el inicio de la pandemia se registraron otros 387 casos. Piden la participación del gobernador ante la justicia ya que las causas se generaron cuando el decreto nacional lo prohibía.
Lo confirmó Nire Roldán, presidente de la Concejalía Popular de Rosario. Pedirán, mediante la Cámara de Diputados, que se informe por qué avanzaron estas causas cuando el decreto de congelamiento de alquileres lo prohibía.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 320/2020 firmado el 29 de marzo de 2020 en el marco de la emergencia pública por la pandemia de Covid19 había prohibido los desalojos hasta el 30 de septiembre de 2020. Después de dos prórrogas impulsadas por la continuidad de la pandemia y las consecuencias económicas se había puesto como fecha final el 31 de marzo de 2021.
En Rosario, según la Concejalía Popular, la situación se agravó porque mientras estaba vigente el decreto de congelamiento y prohibición de desalojos de igual forma se iniciaron causas de desalojos.
“Es un problema preocupante ante la no respuesta de parte del gobierno nacional de no defender a los 9 millones de inquilinos de Argentina”, sostuvo Nire Roldán.
“Queremos saber mediante un pedido de informe en la Cámara de Diputados quiénes son los patrocinantes y otros actores que están atrás de esto. Si son repetidos, si desconocían que el decreto prohibía que se haga eso”, indicó Roldán.
“Nos parece una locura que de la noche a la mañana en este contexto se permitan los desalojos. Dónde va a vivir esa gente. En ese sentido sugirió: “Hay que tener racionalidad y sensibilidad para resolver este problema”, agregó.
La situación, según explicó Roldán, no solo afecta a inquilinos que vieron afectado sus ingresos económicos durante una pandemia que todavía continúa. Sino que también se pone en problemas a personas que salieron de garantes en contratos de alquileres.
“Se les va a embargar el sueldo a personas que no tienen nada que ver y los hacen responsables cuando estas medidas estaban prohibidas”, reclamó Roldán.
Por su parte el diputado Carlos del Frade, del Frente Social y Popular, pidió:“Es fundamental un llamado de atención del gobierno provincial al poder judicial si es que tiene algo de sensibilidad social porque el fin del decreto va a generar un desastre”.
El Diputado consideró como “una barbaridad que mientras regía el decreto de congelamiento se iniciaran causas de desalojos”.
“El gobernador tiene que manifestarle públicamente al poder judicial que, aunque respetuoso de la independencia de poderes, no avance con el desalojo en medio de la pandemia de gente que no tiene recursos y no tiene otro lugar para vivir”, indicó el diputado.
“Es un hecho de enorme insensibilidad social. Sería interesante que el gobernador como principal figura política pida que se paralicen esos juicios de desalojo en tanto y en cuanto no termine la pandemia”, agregó.
