Así lo adelantó el fiscal Leandro Mai en la acusación que presentó ante la Oficina de Gestión Judicial.
El fiscal Leandro Mai pedirá penas de seis y de dos años de prisión de cumplimiento efectivo para dos policías, respectivamente, en el marco de una investigación por agresiones injustificadas sufridas por tres personas en Reconquista.
El funcionario del MPA lo informó en la acusación que presentó ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales reconquistences.
“Uno de los acusados tiene 49 años, sus iniciales son AEAA y, cuando sucedieron los hechos en mayo del año pasado, era subdirector de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional IX”, informó Mai. “El otro hombre investigado tiene 46 años, sus iniciales son GAB y por entonces trabajaba como comisario de la misma dependencia policial”, agregó.
El fiscal subrayó que “estamos ante un caso de violencia institucional del que resultaron víctimas un hombre, su madre y su tía”. Según precisó, “tras haber sido heridos, los tres fueron aprehendidos con un acta de procedimiento parcialmente falsa elaborada por AEAA”.
Penas
“Solicitaremos una pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo para quien era subdirector de la Agrupación Cuerpos cuando cometió los delitos”, expresó Mai. Asimismo, sostuvo que “requeriremos que quede inhabilitado para ejercer cargos públicos durante doce años”.
Por otro lado, señaló que “pediremos que se imponga a GAB una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo y una inhabilitación especial por el doble de tiempo”.
Tratos crueles
El fiscal se refirió a que los hechos ilícitos investigados y dijo que “ocurrieron alrededor de las 6:00 de la madrugada del domingo 17 de mayo del año pasado”. Detalló que “fueron en la vereda de una vivienda de la ciudad de Reconquista ubicada en calle Freyre al 100”.
Mai argumentó que “sin justificativo valedero, AEAA impartió tratos crueles, ásperos, mortificantes, humillantes y rigurosos a las tres víctimas”. Añadió que “GAB fue cómplice de la situación ya que aportó a que las personas agredidas no pudieran evadir el ataque”.
El funcionario del MPA expuso que “el entonces subdirector de Cuerpos hirió al hombre con patadas y golpes de puño en diferentes partes del cuerpo”. Narró que “al advertir lo que estaba ocurriendo, las mujeres intentaron auxiliar a su familiar y fueron violentadas por los acusados”. En tal sentido, señaló que “una de ellas fue atacada con un objeto contundente”.
Barbijo
“Según el acta de procedimiento firmada por AEAA, los hechos sucedieron en el marco de un patrullaje preventivo”, explicó Mai. “Los policías interceptaron al hombre porque estaba circulando por la vía pública sin barbijo, lo que implicaba una infracción a las medidas sanitarias dispuestas en el marco de la pandemia de coronavirus”, relató Mai.
“Si bien la víctima no llevaba su nariz y boca cubiertas, la agresión que recibió fue absolutamente desmedida”, expresó el fiscal. “Lo que ocurrió fue un verdadero atentado a la dignidad humana que denota un desprecio total por la vida ajena”, remarcó.
Por otra parte, el funcionario del MPA indicó que “en el acta se incluyeron declaraciones que nunca existieron y se consignó que las víctimas agredieron al personal policial y resistieron la aprehensión”.
Mai afirmó también que “a sabiendas de que estaba mintiendo, AEAA manifestó que el hombre y las mujeres le habían robado la billetera y habían dañado los anteojos de GAB”. Al respecto, agregó que “con su accionar, el policía causó un perjuicio a la investigación del delito y a la fe pública”.
Calificación legal
Mai informó que “AEAA está acusado por la autoría de los delitos de abuso funcional agravado (por haber sido cometido con violencia y por haber generado daños graves a la salud de otras personas) y falsedad ideológica en instrumento público”.
“GAB, por su parte, es investigado como cómplice secundario del delito de abuso funcional agravado (por haberse perpetrado con violencia y por haber dañado la salud de las víctimas)”, manifestó el fiscal.
Procedimiento intermedio
La presentación de la acusación es uno de los pasos procesales que lleva a cabo la Fiscalía y consiste en la presentación de un documento escrito en el que solicita la apertura del juicio oral y público contra la o las personas imputadas.
El escrito es presentado ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y en él acompañan la fundamentación de la acusación y un detalle de las evidencias del caso. Además, se informan los datos personales del imputado, los hechos ocurridos, la calificación legal y la pena solicitada.
Luego, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) debe convocar a la denominada audiencia preliminar, en la que las partes (Fiscalía; Defensa y, en caso que la hubiera, Querella) discuten acerca de la acusación presentada y las evidencias que se ofrecerán en el juicio. Finalizada esta audiencia, el juez puede –en caso que lo considere conducente– disponer el auto de apertura a juicio, que permitirá el inicio del debate oral y público.
