El organismo busca articular una estrategia de fiscalización integral para impedir este tipo de delitos. Además, la semana pasada detectó una evasión estimada en $354 millones, que se habría hecho a través de subdeclaraciones del impuesto sobre los Ingresos Brutos entre el período 2016-2019.
En los últimos años se agudizaron los casos de contrabando de soja, maíz, yerba mate y otros productos agropecuarios en las fronteras con Paraguay y Brasil. El tipo de cambio y otros factores derivados de la crisis económica en el país generan un aumento de estos casos en las zonas fronterizas que involucra alimentos y productos del eslabón primario. En ese sentido, la provincia de Buenos Aires decidió reforzar los controles sobre la comercialización de granos mediante distintos operativos impulsados por la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).
Los operativos se realizan de manera simultánea en corredores cerealeros y puertos, con el objetivo de intensificar y combatir maniobras de contrabando y evasión en la comercialización de granos. La gestión está siendo supervisada por el director de ARBA, Cristian Girard y se extienden en horario diurno y nocturno en rutas, caminos y accesos en diferentes distritos del territorio bonaerense.
“Los controles apuntan a la fiscalización de camiones para comprobar si cuentan con la documentación que avala el transporte de la mercadería. Con ese propósito, más de cien agentes de ARBA, apoyados por la policía bonaerense y fuerzas federales, verifican tanto las cargas que salen de la provincia como aquellas que van hacia los puertos, poniendo el foco en el transporte de granos”, dijo el titular de Arba en un comunicado.
La provincia de Buenos Aires posee la mayor superficie sembrada del país destinadas a la producción agropecuaria y forestal, y predomina el cultivo de cereales y oleaginosas más importante de la zona núcleo. Por ese motivo, ARBA señaló que en el último año se incrementaron las acciones de fiscalización sobre el transporte de mercaderías para mejorar la trazabilidad de las cargas y reducir la evasión fiscal en el sector agropecuario y otros rubros concentrados de la economía”, según argumentaron en el documento.
Las autoridades también informaron que “el operativo cerrojo”, como fue nombrado, se extenderá a lo largo de esta semana. Además, participa personal del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, a modo de articular una estrategia de fiscalización integral. En tanto, la revisión de los documentos que deben respaldar el traslado de la soja es crucial para evitar prácticas de evasión, contrabando y otros delitos concomitantes.
“Si bien los controles están centrados en el transporte de mercaderías, tienen como objetivo final fiscalizar las operaciones que se dan entre productores de granos, acopiadores y exportadores para detectar transacciones no declaradas que evaden impuestos”, agregaron desde la entidad.
Evasión
Por otra parte, desde ARBA señalaron que el despliegue territorial de los agentes de la agencia recaudatoria también busca cubrir, entre otros puntos geográficos, parte de la frontera norte y noroeste de la provincia de Buenos Aires para detectar posibles focos de contrabando de granos hacia el norte del país. En ese sentido, argumentan que parte del control “se trata de fiscalizar el transporte que va desde los silos hasta los feedlot o lugares de engorde de ganado en el interior de la provincia de Buenos Aires, para verificar si existen operaciones sin declarar”.
En el 2020 Gendarmería incautó más de 3.500 toneladas de granos, en su mayoría maíz y soja, este valor fue un 55 % más de lo que se reportó en el año anterior. En febrero pasado también se conoció la incautación de 400 toneladas de granos en operativos realizados en Formosa y Corrientes.
Por otro lado, en los últimos días ARBA informó que después de una investigación exhaustiva se detectó una evasión estimada en $354 millones, que se habría hecho a través de subdeclaraciones del impuesto sobre los Ingresos Brutos entre el período 2016-2019. A partir de eso, la entidad recaudatoria decidió intimar a 10.000 productores y arrendatarios que explican el 50% del total de la producción rural bonaerense y que podrían estar involucrados en la maniobra.
Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), en diálogo con Infobae, descartó que se trate de una cuestión política y cuestionó la eficiencia de las imágenes satelitales en este caso, dado que las zonas verdes implantadas muchas veces son producidas por otras personas que no necesariamente son los dueños de los campos o que, en algunos casos, podrían estar afectadas por inundaciones o sequías.
