Este viernes 18 personas se sentaron en el banquillo de los Tribunales Federales de Rosario, acusados de cumplir distintos roles en una asociación ilícita dedicada a perpetrar actos criminales contra el orden tributario. Varios de los implicados llegaron al juicio privados de libertad, algunos en prisiones y otros con detención domiciliaria.
La organización nucleaba a contadores, informáticos, administrativos, gestores, vendedores y un escribano. Su fin era crear empresas fantasmas, inscribirlas en la Afip y generar facturas falsas.
Los comprobantes eran vendidos a otras empresas o personas que mediante ellas facturaban servicios o bienes igual de inexistentes para evadir tributos al fisco. Con esas facturaciones truchas esos contribuyentes generaban un crédito fiscal o gastos ficticios para de esa manera disminuir los saldos de impuestos que corresponde ingresar tanto en IVA como ganancias.
Solamente entre enero de 2015 y diciembre de 2016 emitieron 28.795 comprobantes con lo que generaron un crédito fiscal en relación al IVA de 247.315.951 pesos por un monto facturado mayor a 1.204 millones de pesos. Es por esto que en el juicio habrá abogados tanto de la Afip-DGI como querellantes.
Entre los acusados: El comerciante Ricardo Astudillo, la contadora María Cristina Ottaviano, el también contador Eduardo Furini, el gestor Marcelo Miranda Cairo, el empleado Miguel Centeno, el asesor de empresas Darío Migliorelli, el comerciante Fabián Mele, el músico Marcos Rete, el empleado administrativo Adrián Zeballos, el comerciante Iván Dobboletta y los empleados Guillermina Sgariglia y Hernán Racca entre los 17 acusados ante el encargado de conducir el juicio, el juez federal Osvaldo Facciano, del Tribunal Federal Oral 3.
También aparece el grupo constituido por Marcelo Liporaci, organizador junto a Miguel Centeno, a quienes se les atribuye poseer usinas de facturación propias junto al contador Furini, e intercambiar estos comprobantes con ambos grupos.
En un tercer lugar se encuentran personas que actuaban como empleados administrativos de estos grupos. Su rol en principio era confeccionar facturas electrónicas manuales. Allí están Melisa Cardozo, Hernán Racca, Nair García y Guillermina Scariglia.
Los tres niveles de la cadena de acusados:
1- Los organizadores del negocio de la usina de facturas truchas.
2- Los que vendían los servicios a comerciantes que mediante esos comprobantes evadían tributos o retenían créditos fiscales.
3- Las personas de bajos recursos que prestaban sus nombres para ser razón social de las inexistentes empresas inscriptas.
