“Mi continuidad en el gobierno dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios” para llevar a cabo una nueva propuesta fiscal, indicó en un comunicado.
Carrasquilla será reemplazado por el economista José Manuel Restrepo, actual ministro de Comercio, anunció el presidente Iván Duque en Twitter.
En el último balance de la Defensoría del Pueblo se eleva a 19 el número de muertos y a más de 800 el de los heridos. El ministerio de Defensa contabilizó a su vez 846 lesionados, entre policías y ciudadanos. Algunas oenegés acusan a la policía de disparar contra la población.
El gobierno había presentado el 15 de abril una iniciativa fiscal ante el Congreso con el objetivo de financiar el gasto público de la cuarta economía latinoamericana.
Pero las críticas llovieron tanto de la oposición política como de sus aliados y el descontento no tardó en volcarse a las calles.
Las masivas protestas que llevaron a que el presidente Iban Duque retirara el proyecto de reforma fiscal, son solo la punta del iceberg que indica un profundo malestar de los colombianos con la clase dirigente. Como ocurrió en noviembre de 2019, no solo los estudiantes o trabajadores sindicalizados marchan, también se ven amas de casa, personas de la tercera edad. Se hacen escuchar con arengas en las calles o con cacerolas desde casa.
“El tema más sensible, además de esa crisis política, es que hay una fractura social”, dice a RFI el experto en políticas públicas y profesor titular de la Universidad Externado de Colombia, Jairo Libreros. “Hay un sector muy importante de colombianos que consideran que es imposible e insostenible mantener las condiciones de inequidad que se vive en el país. Colombia es el cuarto país más inequitativo del mundo. Esto no es nuevo. También son conscientes que la clase política colombiana que tiene asiento en el Congreso no está atendiendo las necesidades sociales.
El proyecto de reforma tributaria de Duque aspiraba a recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031, para rescatar la economía.
En su peor desempeño en medio siglo, el Producto Interno Bruto (PIB) del país se hundió un 6,8% en 2020 y el desempleo trepó al 16,8% en marzo. Casi la mitad de los 50 millones de habitantes está en la informalidad y la pobreza golpea al 42,5% de la población.
La iniciativa avivó el malestar contra el gobierno. Desde 2019 el llamado Comité Nacional de Paro, que reúne sectores inconformes, convoca numerosas movilizaciones para pedirle a Duque un cambio de rumbo.
“Observo que esta crisis no se agota con la retirada de la reforma [tributaria], hay también de la necesidad de retirar el proyecto de reforma pensional, del proyecto de reforma a la salud”, dice Libreros. “Creo que esta va a ser la nota característica de aquí hasta el próximo año cuando en mayo y junio se celebre la primera y, muy seguramente, la segunda vuelta electoral”.
Con niveles de aprobación en rojo (33%), Duque se queja del “vandalismo” que estalló en las calles y de las protestas en medio de un letal pico de la pandemia.
“Algunas voces se alzan diciendo que el Centro Democrático es uno de los principales responsables de la crisis política y de la fractura social, que los auxilios que se diseñaron no estuvieron a la altura, y creo que cierto”, dice Libreros. “Colombia destinó 2,6% del PIB para ayudar mediante subsidios y ayudas sociales, pero no se ejecutó ni el 50%. Una encuesta que salió a finales de abril da cuenta de que los candidatos que aparentemente podrían [presentarse bajo] el Centro Democrático están por debajo del nivel de error en materia de favorabilidad. Si se mantiene esta fotografía, podría haber un cambio político importante en el país”.
Presionado por las manifestaciones, Duque ordenó el domingo retirar la propuesta de reforma tributaria que se debatía en el Congreso, donde un sector amplio la rechazaba al considerar que castigaba a la clase media y era inoportuna en plena crisis desatada por la pandemia.
El mandatario propuso redactar un nuevo proyecto que descarte los principales puntos de discordia: el aumento del impuesto al IVA para servicios y bienes y la ampliación de la base de contribuyentes con impuesto de renta.
Ya hay voces que piden la renuncia del presidente y de otros ministros. Habló del ministro de Defensa [Diego Molano], por dar un ejemplo mencionado en los últimos tres o cuatro días. Pero en Colombia, la clase política, especialmente quienes están en el Ejecutivo y hacen parte del gobierno de Iván Duque, no saben conjugar el verbo renunciar y seguramente van a jugar en todo por el todo para no renunciar, aun cuando esa falta de empatía con la situación del país sea mucho más gravosa para todos. Lamentablemente, veo muy difícil que renuncien más [ministros]”.
Para el ministro de Defensa, Diego Molano, los hechos de violencia son “premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las FARC” que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016, y por el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia. Las autoridades han capturado a 431 personas durante los desmanes, y el gobierno ordenó desplegar militares a las ciudades más afectadas.
Con los militares desplegados en las calles, las alarmas están prendidas. El director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, corroboró la muerte de una persona a manos de un policía en Cali.
Según la ONG Temblores, hubo 940 casos de abuso policial y se investiga “la muerte de ocho manifestantes presuntamente atacados por policías”.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el “uso excesivo de la fuerza” en Colombia. La portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, lanzó en Ginebra un llamado a la calma antes de una nueva jornada de manifestaciones prevista el miércoles 5 de mayo.
