La decisión fue adoptada por el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, tras el pedido formulado la semana pasada por los fiscales de la causa.
La Justicia de San Isidro prohibió la salida del país de los siete profesionales de la salud que la semana próxima serán indagados por la muerte de Diego Armando Maradona y enfrentan una imputación por “homicidio simple con dolo eventual”, informaron fuentes judiciales.
La decisión fue adoptada por el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, e involucra a los siete acusados que son el neurocirujano Leopoldo Luque (39), la psiquiatra Agustina Cosachov (35), el psicólogo Carlos Ángel “Charly” Díaz (29), el enfermero Ricardo Omar Almirón (38), la enfermera Dahiana Gisela Madrid (36), el coordinador de los enfermeros Mariano Perroni (40) y la médica que coordinaba la internación domiciliaria para la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini (52).
El juez dispuso que la decisión sea comunicada de inmediato a Dirección Nacional de Migraciones y a las cuatro fuerzas federales, es decir, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
De esta forma, el juez avaló el pedido que la semana pasada, al citar a indagatoria a los acusados, formularon los tres fiscales de San Isidro que llevan adelante la investigación, Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra.
Si bien ante el cambio de calificación a un delito que prevé de 8 a 25 años de prisión, se especulaba con la posibilidad de que los fiscales pudieran solicitar detenciones, los representantes del Ministerio Público solo pidieron la prohibición de salida del país resuelta este jueves por el magistrado.
“Es el Ministerio Público Fiscal, como titular de la acción penal pública, quien considera suficiente y adecuada la medida restrictiva que aquí habrá de adoptarse, en miras de neutralizar toda peligrosidad procesal que atente contra el normal desarrollo de la investigación, postura que, por cierto, comparto en un todo”, señaló Díaz en su resolución, a la que accedió Télam.
Si bien el juez recordó “la altísima expectativa de pena” que tiene el delito de homicidio simple -hasta 25 años de cárcel-, argumentó que “dada la particular naturaleza de los eventos en estudio y las características personales de los inculpados -todos ellos profesionales de la salud, en diversas áreas médicas-, aparece como adecuada la imposición de la medida limitativa de la libertad requerida por los acusadores”.
En otro tramo de la resolución, el juez rechazó la posibilidad de que él esté presente en las indagatorias, algo que había pedido la defensa de la enfermera Madrid.
Las indagatorias por “homicidio simple con solo eventual” se tomarán los lunes, miércoles y viernes desde el próximo 31 de mayo, y de a una por jornada.
