Dos abogadas presentaron la iniciativa en la Cámara de Diputados de la Nación. Citan a la Real Academia Española y su recomendación de “evitar el abordaje ideológico o político de cuestiones estrictamente lingüísticas”.
Sin dudas uno de los debates más acalorados de los últimos tiempos, se generó con la utilización del lenguaje inclusivo, algo que se fue extendiendo hasta llegar a ser aplicado en documentos oficiales y en instituciones educativas de todos los niveles.
Para saber dónde ubicarse en torno de esta polémica, es importante conocer los motivos que impulsaron su utilización. Entre quienes defienden y promueven el “lenguaje no sexista”, explican que “el lenguaje inclusivo es el uso igualitario de la palabras, que de forma consciente, pretende fomentar una imagen equitativa y no estereotipada de las personas a las que se dirige o se refiere” (Marta Salas, investigadora en el laboratorio de BBVA Next Technologies).
Para el lingüista y lexicólogo Santiago Kalinowski, “el lenguaje inclusivo no es un cambio lingüístico porque no sucede de manera inconsciente, sino que es un fenómeno retórico discursivo. Es uno de los rasgos salientes de la configuración discursiva que rodea la lucha por la igualdad en la sociedad”.
En el otro extremo están los que coinciden con lo que establece el Libro de Estilo de la Lengua Española de la RAE, que en 2018 afirmó que “desde el punto lingüístico no hay razón para pensar que este género gramatical (el masculino) excluye a las mujeres. El carácter no marcado del masculino hace innecesario el desdoblamiento en la mayor parte de los casos. Sin embargo, es normal como muestra de cortesía al comenzar un discurso o en los saludos de la cartas o cuando pueda quedar alguna duda que de las personas de uno u otro sexo estén incluidas”.
En ese contexto, con un debate que sigue abierto y ante el innegable avance de esta nueva forma de hablar y escribir la lengua castellana, el martes ingresó a la mesa de entradas de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que firman dos particulares con el que se busca prohibir el uso del lenguaje inclusivo “en documentos y actos oficiales y en establecimientos educativos”.
La iniciativa lleva la firma de las abogadas Patricia Alejandra Paternesi y Cynthia Roxana Ginni cuenta con la adhesión del constitucionalista Félix Lonigro.
El artículo 1 del texto de la propuesta presentada para que sea discutida por los Diputados de la Nación expresa: “Prohíbase el uso en documentos y actos oficiales y en establecimientos educativos del comunmente denominado ‘lenguaje inclusivo’, en cualquiera de sus formas (“x”, “e”, “@”, etc.), empleadas para reemplazar el uso del masculino cuando es utilizado en un sentido genérico, así como de cualquier otra forma diferente a la lengua oficial adoptada por la República Argentina”.
La iniciativa, que apunta a evitar “alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el lenguaje”, obedece a la necesidad de eliminar –de acuerdo a lo planteado por sus autoras– “los obstáculos que en materia de lectoescritura se manifiestan por el uso del mismo”.
Las autoras consideran que los niños van formando su lenguaje los primeros años de su vida y que “su mala utilización podría no sólo obstaculizar la lectoescritura y su comprensión, sino también significar una barrera para aquéllos que tienen más dificultades”.
Las letradas indicaron que una de las principales recomendaciones de la RAE es “evitar el abordaje ideológico o político de cuestiones estrictamente lingüísticas”, cuya opción excede a las instituciones y academias.
Con esta presentación el debate social se traslada ahora a la Cámara de Diputados. La incógnita que se plantea es saber si se puede contener el avance de un fenómeno, que incluye nada más y nada menos que al modo de comunicarnos, algo que siempre nos explicaron que es dinámico y con un fuerte componente social.
