Juan Medina y Pablo Casale fueron separados de sus cargos por estar investigados por defraudación.
El Consejo Directivo de FESTRAM aprobó la resolución de la Comisión Investigadora, que debía determinar la responsabilidad de los dirigentes involucrados y establecer las sanciones correspondientes, como consecuencia de la defraudación que sufriera el gremio provincial.
Por tal razón, fueron separados de sus cargos el secretario gremial e interior –actual secretario general de Asoem–, Juan Medina, y el prosecretario de Capacitación Profesional Pablo Casale –secretario gremial de Asoem–.
En diálogo con Radio EME, el integrante de la comisión investigadora de FESTRAM, Germán Ocampo, explicó cómo se llego a esta situación.
En este sentido, indicó que “esto surgió porque la Municipalidad de Santa Fe dejó de girar los fondos que ordinariamente le gira a FESTRAM en concepto de aportes sindicales. Ante esta situación, FESTRAM hizo el reclamo ante la municipalidad y desde el Gobierno de la ciudad se contestó que los fondos habían sido girados al gremio ASOEM”.
Ocampo contó que el respaldo para llevar adelante esta acción era “una nota que había presentado Juan Medina y Pablo Casale argumentando que se había desafiliado de la FESTRAM, en consecuencia los fondos que se enviaban ordinariamente debían ser remitidos a ASOEM”.
Como consecuencia de esto se determinó una investigación por parte de la Federación. Ocampo indicó que “conforme a los elementos analizados, sabemos que los fondos fueron destinados a ASOEM después qué hizo con los fondos no lo podemos saber”.
Durante la investigación fueron notificados tanto Medina como Casale quienes respondieron “desconociendo los hechos y desconociendo las pruebas que se le pusieron a disposición”.
Cabe destacar que esta situación sucedió durante cuatro meses y se estima una suma cerca a los 2.400.000 pesos.
Ocampo explicó que FESTRAM “tendrá que hacer un congreso extraordinario para determinar la sanción definitiva que le corresponde a los dirigentes”.
Por otro lado la denuncia penal en la justicia es llevada adelante por al fiscal de delitos económicos.
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