El presidente Alberto Fernández firmó un nuevo decreto de necesidad y urgencia con más cambios en la hidrovía, la principal obras de infraestructura logística del país que es la vía de salida del grueso de las exportaciones argentinas.
Se crea un “Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable”, un organismo descentralizado con autarquía administrativa, funcional y económico-financiera en el ámbito del Ministerio de Transporte de la Nación que será el encargado de licitar a empresas privadas las obras de acondicionamiento (dragado, balizamiento, ampliaciones), cobrar el peaje a los usuarios a cuenta y orden de las concesionarias y controlar que se cumplan las exigencias y requisitos establecidos en la concesión.
El ente tendrá su sede en Rosario y estará conducido por un consejo directivo presidido por un funcionario nombrado por el presidente y que integrarán los ministerios de Transporte, Interior y Desarrollo y las siete provincias con frente fluvial.
La creación de un órgano de control de la hidrovía era un histórico reclamo del sector empresario por eso fue celebrada en ámbitos privados (su funcionamiento estaba previsto desde la licitación de los 90, pero nunca se constituyó). También fue celebrada por los gobiernos provinciales con frente fluvial ya que por primera vez tendrán poder de decisión sobre la marcha de la vía navegable. “La hidrovía será de las provincias”, había dicho el presidente Alberto Fernández en la asunción del gobernador Omar Perotti en diciembre de 2019.
No obstante, el anuncio también genera incertidumbre a los principales usuarios de la vía navegable porque no precisa, al menos en el decreto que se publica este miércoles, cómo y cuándo operará el traspaso de la concesión vigente al nuevo sistema. Si bien la sucesión de cambios sobre la marcha y sobre la hora nunca es bien recibida por los empresarios, que demandan certidumbre para invertir y operar, lo que más le interesa ahora es que los cambios no afecten la navegabilidad.
