A partir de la escalada en los hechos de violencia, las tomas y usurpaciones, los confederados reclaman acciones oficiales para la custodia de la paz social en el sur argentino.
Por medio de un comunicado, Confederaciones Rurales Argentina, refiere a lo que está sucediendo en el sur argentino. Desde hace aproximadamente diez años, la Patagonia, sus habitantes y sobre todo los productores, vienen sufriendo un sinnúmero de atentados, cortes de ruta, usurpaciones, incendios y delitos contra la propiedad, perpetrados bajo el supuesto amparo de una reivindicación Mapuche.
En el presente, los hechos vandálicos se han multiplicado y agravado, por su violencia e irracionalidad, dice el reclamo de la entidad.
De esta forma, como parte del comunicado, CRA le pide al Gobierno “que no abandone a sus ciudadanos patagónicos y ponga orden, justicia y paz, permitiendo recuperar la vida normal de toda la región”.
“Ante la gravedad de los hechos, primero ha sido la Justicia (salvo pocas excepciones) que no ha dado respuestas adecuadas, rápidas y certeras, permitiendo con su pasividad que los casos puestos a su arbitrio”, reclaman.
Por su parte, agregan, “el Gobierno nacional, ausente de su rol institucional, ha prestado, por acción u omisión, apoyo logístico, económico e ideológico, consolidando la ejecución de hecho de intrusiones en los campos, dilatando su resolución y eludiendo la definición categórica”.
La Patagonia y el país en su conjunto, reclama del Gobierno Nacional una posición clara, fundada en derecho y en respeto a las normas constitucionales. Los organismos del Estado Nacional deben ser los custodios de la paz social y no los artífices o acompañantes por omisión de hechos vandálicos.
Ley 26.160
De acuerdo al comunicado de Confederaciones, la Ley 26.160 ha contribuido a crear una atmósfera de consolidación de usurpaciones, al disponer la suspensión de los desalojos, durante su vigencia, lo cual en la práctica significa que a nuevas usurpaciones se las protege, con la prohibición de desalojos, que la aludida norma dispone.
Asimismo, esta misma norma estableció la realización de los censos provinciales respectivos, para determinar aquellas tierras ocupadas en forma, tradicional, actual y pública.
Sin embargo, la demora en la ejecución de los censos, hace que reiterativamente se prolongue su vigencia, sin incorporarle las modificaciones que la propia experiencia indica como necesarias.
