La Justicia dictó una medida de “no innovar” sobre un sector con restos no identificados. Fue por pedido de la fiscalía en la investigación del paradero del ex preso político, que ya lleva 15 años desaparecido.
Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, justo un día antes de que se leyeran las condenas en el juicio contra Etchecolatz. Él mismo había dado un testimonio histórico.
Ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, había explicado detalladamente su propio secuestro y torturas en tiempos del régimen dictatorial, pero además el modo en el que habían sido sometidos y asesinados Patricia Dell’Orto y Ambrosio De Marco. Fue testigo y uno de los tres querellantes en la causa, junto a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y a otra sobreviviente del terrorismo de Estado, Nilda Eloy.
Durante su testimonio había identificado entre sus torturadores al excomisario Miguel Etchetolaz, quien había sido director de investigaciones y mano derecha del jefe de la Policía Bonaerense Ramón Camps durante la dictadura.
López no llegó a ver el efecto de su testimonio: fue desaparecido la madrugada del día anterior al que se leyeran los alegatos del juicio.
Desde entonces, la fiscalía trabaja diferentes hipótesis y una de ellas, la desplegada en el legajo N°10, caratulado “Hallazgos-Cadáveres-Restos”, está guiada por la posibilidad de que la víctima haya muerto y sus restos ingresados a una morgue o cementerio sin el registro debido.
Ahora, 15 años después, la justicia federal de La Plata dictó una medida de “no innovar” y ordenó al Cementerio Municipal de La Plata que “se abstenga de modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios” sobre 66 tumbas con restos no identificados, individualizadas por la fiscalía en la investigación del paradero del ex preso político de la dictadura cívico militar Jorge Julio López, desaparecido en 2006.
La medida la dictó el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, que hizo lugar al pedido de los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda.
Una fuente judicial explicó que la preservación de las tumbas fue solicitada por los representantes de la Unidad Fiscal que interviene en los casos por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado en la jurisdicción de los tribunales federales de La Plata y en causas conexas, como el caso López.
La intención de los fiscales es preservar los restos ante la posibilidad de que surgieran elementos en la investigación que permitan elevar la sospecha sobre que alguno de los cuerpos pueda ser el de López y, en tal caso, solicitar el cotejo genético con muestras de sus familiares.
Mientras tanto, la fiscalía realiza otras medidas de tipo documental en las causas penales del fuero ordinario por hallazgos de NN y en la Dirección Provincial del Registro de las Personas para dar con huellas dactilares y cualquier otro dato que permita consolidar o descartar la hipótesis.
Para esta labor, la Unidad Fiscal solicitó la colaboración del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad de la Nación, del Equipo Argentino de Antropología Forense, de la Policía Judicial del Ministerio Público bonaerense, del Registro Nacional de las Personas y de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
