La Cámara Federal de Rosario anunció los procesamientos por delitos de intermediación financiera.
La Cámara Federal de Rosario confirmó los procesamientos de diez personas vinculadas al asesinado empresario de turismo Hugo César Oldani por el delito de “intermediación financiera no autorizada”. El tribunal superior avaló la resolución del juez federal Marcelo Bailaque que determinó, por la investigación del fiscal de la ciudad de Santa Fe Walter Rodríguez, que de las pericias practicadas en los equipos informáticos pertenecientes al empresario muerto a balazos en febrero del año pasado se desprende el funcionamiento de una cueva de compraventa de divisas y otras operaciones financieras ilegales. De esta manera los diez imputados irán a juicio oral y público en fecha a determinarse.
El fallo suscripto este lunes por la Cámara Federal de Rosario determina que del material informático bajo pericias surge “una clara organización criminal dedicada a efectuar operaciones financieras marginales sin autorización del ente rector en la materia, burlando los controles en ese sentido al calzar operaciones informales con las formales de manera indebida y de esa forma obtener un rédito ilegítimo a costa del sistema financiero formal”.
Hugo César Oldani tenía 67 años cuando fue baleado el 11 de febrero de 2020 en su oficina ubicada en una galería céntrica de la capital provincial en un supuesto robo. Imágenes de cámara de vigilancia del centro comercial y el trabajo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llevó a la detención de seis personas, entre ellos una chica de 17 años que quedó a disposición de la Justicia de Menores.
Los otros apresados son Juan Manuel Ruffino, de 25 años, acusado de ser quien manejaba el auto en el que se movió el grupo criminal; Braian Damiani, de 22, como coautor del hecho al ser quien se quedó como campana en la puerta de la galería; Cristian Bruno Figueroa, de 21, como autor material del asesinato, quien se ahorcó en su celda del penal de Las Flores en septiembre pasado antes de cerrar un acuerdo abreviado en el cual aceptaría una pena de 26 años de prisión; el relacionista público de boliches Andrés Kaipl, de 29; y el bioquímico Alfredo Manuel Sedonio, de 59 años y único que sigue ligado a la causa pero en libertad.
Pero los registros de imágenes captadas por las cámaras de la galería comercial donde funcionaba el local de Oldani permitieron además detectar la forma en que Virginia Oldani, hija de la víctima, ingresó al local la madrugada posterior al asesinato junto a su marido, José Luis Hernández, y un grupo de personas violando la escena criminal que aún estaba bajo peritajes, que estuvieron en el local comercial más de una hora y que se retiraron llevando 3.100.000 pesos y más de un millón de dólares en cajas y bolsos.
La desaparición de ese dinero llevó al fiscal federal Walter Rodríguez a investigar las circunstancias del asunto y puso la mira sobre la fiscal provincial Cristina Ferraro, quien investigó el homicidio en un principio pero fue separada del caso. Así las cosas quedó al desnudo, según los investigadores, el funcionamiento de una cueva en la cual se cometían diversos delitos financieros. Incluso, de los avances en la pesquisa de la Justicia federal se desprende que Oldani “manejaba dinero que correspondería a la policía de la provincia de Santa Fe, específicamente de la Unidad Regional I y de la Policía Motorizada” de esa ciudad. Y que en ese negocio también se realizaban operaciones cambiarias y financieras con empresas de Rosario, Córdoba y Entre Ríos al margen de la legalidad vigente.
La causa se había iniciado tras una denuncia del entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain por la presencia de una caja de seguridad y una habitación escondida en la cual había una estantería de madera y en la cual se guardaban importantes sumas de dinero en moneda nacional y extranjera, lo que quedó documentado fotográficamente y en video.
El día de la muerte de Oldani su hija Virginia llegó al local ubicado en la galería Rivadavia y se negó ante las autoridades policiales y del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a abrir tanto la caja como la habitación. Dos días después, el 14 de febrero, se constituyó nuevamente en el lugar personal policial por orden de la Fiscalía de Homicidios, y verificó que se habían retirado del lugar numerosos elementos de valor y el dinero que había sido identificado anteriormente, lo cual para los denunciantes demostró la existencia de una maniobra delictual, tanto por el levantamiento de la custodia en la escena del crimen como la alteración de la escena a través de la sustracción de una suma millonaria. Ese monto de dinero, señalaba la denuncia, “no se condice con los montos que habitualmente maneja un operador turístico local en su giro comercial, como lo era el nombrado, quien poseía una empresa de servicios minoristas de viajes”.
En el momento de dictar el procesamiento, el juez Bailaque, de acuerdo con la investigación del fiscal Rodríguez, describió las distintas maniobras que a su criterio se llevaron a cabo de manera habitual y con alcance interjurisdiccional reservadas al sistema financiero “por parte de Oldani y terceras personas, entre las cuales se encuentran los imputados, quienes no estaban habilitados para realizarlas”.
Esas maniobras atribuidas eran cuatro. La primera era la obtención del dinero otorgado por terceros a Hugo Oldani a cambio de un interés. La segunda, la búsqueda de tenedores de cheques con voluntad de cederlos a cambio de dinero líquido, que se entregaba con un plazo de cinco días, condicionado a la acreditación bancaria y a quienes Oldani les descontaba un porcentaje. La tercera, la colocación de los recursos financieros, básicamente préstamos inmediatos a escaso plazo, préstamos de dinero con aplicación de intereses garantizado con la entrega de cheques propios del tomador y préstamos de dólares. La cuarta maniobra era utilizar el mecanismo en virtud del cual los particulares ingresaban divisas al país o las transferían al exterior a cambio de una comisión de servicio calculado sobre el monto de la operación.
La resolución de los camaristas Fernando Barbará y Aníbal Pineda considera que se acreditó en modo probable que Virginia Oldani y la empleada de la agencia de turismo María José Calle habrían realizado aportes individuales, actuando bajo la dependencia y directivas de Hugo César Oldani, “como sus brazos ejecutores en las maniobras delictivas indicadas”.
Asimismo sostiene que dos operadores de una reconocida financiera y una mutual de Rosario participaban de las operaciones con cheques recibiéndolos de Oldani y que intervinieron en el mecanismo para ingresar divisas al país o transferirlas al exterior. Además de las mencionadas Oldani y Calle, el procesamiento alcanza a otras ocho personas.
Lo que define la Cámara Federal es que la actividad de Oldani se inscribe en lo que popularmente se conoce como una cueva financiera que funciona sin contar con autorización de autoridad competente para acciones de intermediación financiera. En ese sentido afirma que las cuevas se dedican a la compra y venta de moneda extranjera, al cambio de cheques (compran cheques, le pagan al proveedor un porcentaje menor y lo cobran a través de entidades exentas del impuesto al débito y al crédito bancario), envió de remesas al exterior y triangulación dineraria (compran acciones de una sociedad afuera que luego se transfieren a dólares y en vez de depositarlos en una cuenta argentina, se depositan en el extranjero), venta de monedas digitales (como el bitcoin). Y que también ofrecen como servicio el traer los dólares de una cuenta de afuera a la Argentina, con el cobro de una comisión de por medio.
Se tratan de operaciones realizadas por personas especializadas en la toma y colocación de créditos en la forma de préstamos. En general, se caracterizan porque la toma y colocación son de corto plazo, realizadas por personas que suelen desarrollar sus estructuras a través de actividades de prestigio, que desarrollan su actividad en ausencia de controles, paralelamente o informalmente, “porque tienen o buscan bajos costos administrativos, circunstancias que generan un gran atractivo para colocar fondos, acrecentado por el pago de intereses sustancialmente superiores. Ello posibilita que grandes fondos obtenidos de actividades ilícitas, como el narcotráfico, contrabando, trata de personas, etc., sean colocados en estas bancas de hecho y de esta forma lavar el producto ilícito, generando grandes ganancias”.
