A través del decreto 2651, el gobernador instruyó al fiscal de Estado Rubén Weder para que determine si hubo ilícitos y quiénes fueron sus responsables.
Omar Perotti, a través del decreto 2651, instruyó al fiscal de Estado, Rubén Weder, a realizar una investigación en el Ministerio de Seguridad. La decisión del gobernador fue tomada tras los allanamientos en la sedes del Ministerio, en el marco de una investigación que involucra al ex titular de esa cartera, Marcelo Sain, por presunto espionaje ilegal.
El escándalo por el presunto espionaje ilegal que habría ordenado Sain a políticos, empresarios, gremialistas y periodistas, durante su gestión al frente de la cartera de seguridad, a la par de la investigación de un llamado a licitación para la adquisición de armas de fuego, culminó con la renuncia de 12 funcionarios del esa dependencia que habían llegado de la mano del ex ministro y que había seguido en sus puestos cuando se nombró a Jorge Lagna.
Resolución
El decreto que ordena la investigación señala que “habiéndose efectivizado medidas judiciales en el ámbito del Ministerio de Seguridad de esta Provincia de Santa Fe, dispuestas por el Ministerio Público de la Acusación destinadas a recabar una serie de pruebas que hacen a investigaciones judiciales”, frente a esa situación “es deber de este Poder Ejecutivo, instruir de manera inmediata la iniciación de los procedimientos administrativos necesarios a los efectos de determinar sí, en el ámbito de esa jurisdicción, se han realizado conductas reñidas con el ordenamiento jurídico que rige su funcionamiento”.
En el escrito, que lleva la firma del gobernador Perotti, se especifica que “a los efectos de dilucidar si se han infringido normas que regulan el funcionamiento del Ministerio de Seguridad y, en su caso, determinar, si existieran, las responsabilidades administrativas que correspondieren”, es oportuno instruir al Fiscal de Estado “para que, a través de la Dirección de Auditoría y Sumarios dependiente de esa jurisdicción, inicie de manera inmediata los procedimientos administrativos que legalmente correspondan”.
Fuente: La Capital
