El magistrado Fabián Lorenzini, que interviene en el concurso de la cerealera por una deuda millonaria, dio luz verde para que retome sus operaciones al considerar excesiva la punición de la AFIP. El Estado tendrá que hacerse cargo de las costas.
La empresa agroexportadora Vicentin podrá volver a exportar, a partir de un fallo judicial que obliga a la AFIP a no restringirle la emisión de cartas de porte electrónicas. La decisión fue tomada por el juez en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, que tiene en sus manos el proceso judicial de la empresa agroindustrial.
El magistrado hizo lugar a la solicitud de tutela inhibitoria de la sociedad concursada y rechazó por “improcedentes” los planteos de la AFIP y de la Dirección General de Aduanas (DGA). “La AFIP deberá abstenerse de limitar o restringir la capacidad de la sociedad concursada Vicentin SAIC para emitir cartas de porte electrónicas, como consecuencia de la rebaja de su calificación en el Estado 3 del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), dispuesta oportunamente”, señaló el juez.
La empresa, que debe más de US$ 1570 millones y atraviesa un concurso de acreedores que podría llevarla a la quiebra, no podía exportar y hoy alquila sus instalaciones. Ahora podrá retomar sus operaciones de comercio exterior
Además, el Estado deberá pagar las costas de este pleito legal. “Debemos considerar la falta de una debida diligencia de AFIP-DGA, ante los reiterados pedidos de autorización especial para emitir cartas de porte que, de haberse atendido tempestivamente, hubieran evitado la situación crítica en la cual nos vemos inmersos. Todo ello nos convence de la responsabilidad de la incidentada, que implica asumir las costas generadas”, indicó.
Lorenzini evaluó que el Estado aplicó un castigo excesivo, ya que la cerealera debe cumplir los contratos con terceros a los que debía brindarles servicios.
Al respecto, el juez resaltó que el propósito central de la ley concursal es garantizar una empresa viable, para que pueda seguir adelante con sus operaciones y obrando “con especial celo” en la conservación de los puestos laborales. “Toda intervención, debe producirse evitando la paralización de un proceso virtuoso que también merece protección constitucional”, consideró.
