El Gobierno abrió el diálogo entre partes para establecer un nuevo escenario en la economía de las locaciones familiares y comerciales. Las posiciones, hasta ahora.
El alquiler en Argentina sigue siendo una problemática sin solución y el Gobierno nacional abrió una mesa de diálogo entre inmobiliarios, inquilinos y propietarios para encontrar soluciones que beneficien a todos los actores involucrados y reactiven el sector.
A principios de febrero, el Secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, recibió a representantes de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) para conocer el estado de situación del mercado inmobiliario en relación a los alquileres.
Durante la reunión, las autoridades de la cámara plantearon sus preocupaciones y análisis sobre la escasez de oferta de bienes para alquilar y la sobreoferta de propiedades para la venta, a pesar del bajo nivel de operaciones en este rubro.
En este sentido, Feletti manifestó la necesidad de fomentar el incremento de la oferta y remarcó su preocupación por lo que definió como “una situación cada vez más precaria de las y los inquilinos” debido a la dificultad de acceso a propiedades para alquilar.
En cuanto a la preocupación de la CIA por la falta de viviendas para alquilar, desde la Asociación Inquilinos Rosario afirmaron que la postura de la entidad no coincide con su accionar. “Cuando finalizó el Decreto Nº 320/20 y sus prórrogas (el cual que prohibía desalojos y aumentos en el precio del alquiler y prorrogaba contratos), en marzo del 2021, empezaron a retirar las propiedades de alquiler, fue algo prácticamente orquestado”, indicó Emmanuel Canelli, referente de la agrupación, y comentó que en ese momento se inició el “lobby inmobiliario” para derogar la Ley de Alquileres.
“La Ley como se había sancionado era un punto inicial, no de llegada”, afirmó el inquilino, en diálogo con Rosarioplus.com, y continuó: “Siempre estamos tratando de debatir qué es el alquiler en nuestro país y cómo el estado debería tutelar esta situación”.
En cuanto a las modificaciones que se deberían hacer en la Ley 27.551, sancionada en 2020, los pedidos son muy distintos desde ambos sectores.
“Hay dos ejes fundamentales que debemos debatir este año: los primeros doce meses de alquiler, donde el Estado no tiene ningún tipo de control y creemos que esto no puede ser así: y el ajuste anual, donde el índice no debe contemplar a la inflación sino sólo al salario”, señaló Canelli.
Por su parte, inmobiliarios y propietarios le solicitaron al Gobierno nacional la necesidad de ajustar el alquiler al menos dos veces por año, una reducción de tasas e impuestos (ingresos brutos) y retomar a la modalidad de contratos por dos años.
Cabe recordar que la ley actual considera contratos de tres años y un incremento anual que se ajusta al Índice de Precios del Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), mediante un índice elaborado por el Banco Central.
