Un tribunal de La Paz hizo lugar a cuestionamientos formales presentados por la defensa de la expresidenta de facto. Áñez enfrenta una posible condena de hasta 12 años en la causa que investiga si en noviembre de 2019 llegó al Gobierno mediante un golpe de Estado.
Un tribunal de La Paz decidió posponer sin fecha el inicio del primer juicio contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez (2019-2020) por el golpe de Estado de 2019, atendiendo cuestionamientos formales presentados por la defensa en una desordenada audiencia virtual.
En tanto, dos de los siete exmilitares juzgados junto a la exmandataria pidieron someterse a un juicio abreviado en la causa paralela Golpe de Estado II, lo que fue interpretado por el ministro de Justicia, Iván Lima, como una admisión de culpabilidad.
“El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la capital, sin ingresar en mayores consideraciones de orden legal, de forma unánime, dispone dejar sin efecto el auto de apertura de juicio de fecha 18 de enero de 2022″, anunció el presidente del tribunal, Germán Ramos, luego de casi tres horas de debate.
El tribunal no fijó de inmediato una nueva fecha de instalación del juicio en el cual la expresidenta y ocho exjefes militares y policiales enfrentarán acusaciones de violaciones constitucionales y legales en los actos que culminaron en la autoproclamación presidencial de Áñez tras el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019), reseñó la agencia de noticias Sputnik.
El juicio
Horas después, la agencia DPA y el diario paceño La Razón dijeron que la audiencia será el miércoles venidero, y que para entonces se habrán hecho las “las correcciones pertinentes del procedimiento”.
La audiencia iba a ser el arranque del primer juicio que tiene como objetivo determinar si Áñez llegó al gobierno del país mediante un golpe de Estado o por un mecanismo constitucional.
En la misma instancia iban a ser juzgados siete exmilitares: el excomandante de las Fuerzas Armadas William Kaliman (prófugo), y los exmandos Flavio Arce (detenido), Carlos Orellana (prófugo), Jorge Fernández (prófugo), Jorge Terceros (detenido), Jorge Mendieta (detenido) y Palmiro Jarjury (detenido), junto al excomandante de la Policía Yuri Calderón (prófugo), precisó el portal Plurinacional.
Áñez, de 54 años, se encuentra en prisión preventiva desde hace 11 meses y el miércoles se declaró en huelga de hambre para protestar por lo que considera una acusación injusta y por el hecho de no poder enfrentar este juicio en libertad, luego de que fuera rechazado un recurso en ese sentido.
“Bolivianos: hoy desde mi celda en la cárcel de Miraflores, La Paz, tomo una de las decisiones más duras de mi vida. Hoy ingreso en huelga de hambre. Estoy desesperada de ver un país sin justicia ni ley”, proclamó la expresidenta de facto al anunciar su decisión de iniciar una huelga de hambre.
A Áñez se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia del presidente Evo Morales (2006-2019) en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA), luego desestimado por auditorías académicas independientes.
El abogado de Áñez, Luis Guillén, afirmó que el documento de apertura del juicio es una “presentencia”, pues califica a la expresidenta como “de facto” e “inconstitucional”.
Mientras avanzaba la audiencia, afuera del tribunal manifestaban partidarios de Áñez, encabezados por su hija Carolina Ribera, constató un periodista de la agencia de noticias AFP.
El apoyo de Macri y otros es mandatarios
El martes, un grupo de 21 expresidentes de países iberoamericanos -entre ellos Mauricio Macri– pidió a la ONU visitar a Áñez e informar sobre posibles “abusos de poder” en su contra.
En tanto, los exjefes militares Gonzalo Terceros y Palmiro Jarjury, ambos acusados en el caso, denominado “golpe de Estado II”, enviaron una carta al presidente Luis Arce en la que denunciaron “persecución judicial indebida” y manifestaron que su único error en la crisis de 2019 fue obedecer al excomandante Kaliman, actualmente prófugo.
“Nuestro único error fue estar presentes y obedecer la orden del entonces comandante en jefe Williams Kaliman para posar junto a él en la foto de fecha 10 de noviembre de 2019, al momento de la lectura del comunicado, del cual desconocíamos su contenido”, dice parte de la misiva de ambos exjefes militares, reprodujo el diario El Deber, de Santa Cruz de la Sierra.
“Ellos han reconocido ya, y han presentado por escrito ante el Ministerio Público, su solicitud de procedimiento abreviado”, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima, quien interpretó en declaraciones a la prensa que “esto es un reconocimiento de responsabilidad y culpabilidad”, agregó, citado por la oficial Agencia Boliviana de Información (ABI).
La suspensión sirvió también para calmar las quejas por el deficiente sistema virtual en el que se intentaba desarrollar la audiencia: el link para la conexión circuló en varios grupos, según el diario Página Siete, y eso complicó el desarrollo.
El exministro de facto Óscar Ortiz y los exparlamentarios Amilkar Barral y Shirley Franco, ahora funcionarios del Senado, estaban conectados, pero no así el denunciante, Andrónico Rodríguez, titular de la Cámara alta, a quien se llamó varias veces.
Hubo superposición de voces, y por momentos las intervenciones eran inaudibles, y algunas radios activaron sus micrófonos de modo que, en vez de escucharse la audiencia, se oían los programas que en ese momento se difundían en vivo.
Para peor, los integrantes del tribunal encargado de la causa no tenían sus cámaras activadas, un detalle que fue cuestionado por todas las partes, ya que como requisito en este tipo de audiencias se pide activar la cámara de la computadora e identificarse con el nombre y cargo del usuario.
“Vamos a solicitar que se considere que este juicio sea presencial; efectivamente no podemos hacer que esta audiencia se lleve a cabo mediante la virtualidad, toda vez que su autoridad no nos está escuchando”, reclamó Guillén.
