La fiscal de balaceras Valeria Haurigot dijo que pedirá restricciones a las comunicaciones y a las visitas a los presos que sean imputados por participar en extorsiones y balaceras en Rosario. Aseguró que la violencia en la calle “se administra desde unidades penitenciarias”.
Haurigot contó que en las investigaciones de la unidad de balaceras trabajan sobre los dispositivos con los que se hacen las comunicaciones para llegar a las víctimas de las extorsiones. “El 99,9 por ciento son de unidades penitenciarias. Y son de grupos arraigados en la criminalidad, pero también de otros. Están desde la mañana a la noche con el teléfono. Es gravísimo”, aseveró.
“Esto nos obliga a cambiar los pedidos en las audiencias ante un juez. Es para nosotros un abuso en los derechos de los internos. A través de la visita, el ingreso de celulares; o por el derecho a la comunicación, usan todo el día el teléfono y no para cuestiones concretas familiares. Ahí se abre una ventana, una puerta para cometer delitos”, añadió.
La fiscal remarcó que, basada en las causas sobre extorsiones, “la violencia se administra desde las unidades penitenciarias”.
Además, señaló que por el volumen de investigaciones en su unidad fiscal debieron clasificar a grupos de extorsiones. “Las de comerciantes específicos provienen de bandas arraigadas en la criminalidad. También se agrega otro problema; en otros pabellones de presos que no son de alto perfil se suben a esta modalidad”.
“Los que denuncian son los que no quieren pagar, los que pueden disentir. Hay otros que sí pagan y eso hace girar la rueda”, enfatizó.
