La gestión de Perotti recibió en la sesión de este jueves fuertes críticas opositoras en temas como seguridad, distribución de fondos y tarifas. Silencio de la bancada peronista que no ensayó defensa alguna.
La Profesora Adriana Cantero será citada otra vez a la cámara de diputados de la Provincia, con carácter “urgente”, para escuchar su informe sobre el estado de situación del sistema educativo santafesino, a días del comienzo del ciclo lectivo 2022.
Una iniciativa llevada adelante por el radical Alejandro Boscarol, pero que resume la voluntad de varios diputados, votada este jueves por el plenario, le pide a la presidencia de la cámara baja que acuerde el día y horario para que Cantero informe en labor parlamentaria.
“Queremos saber cuantos chicos quedaron afuera de su escolaridad. Desde el Ministerio, según se argumentó mediáticamente, durante este período no se ha trabajado con el “índice de deserción escolar”, sino con parámetros que analizan la intensidad de los vínculos entre los estudiantes y las escuelas durante el período mencionado. En función de ellos, se han determinado los criterios de promoción como así también los dispositivos de fortalecimiento de los aprendizajes para aquellos estudiantes que lo necesiten”, explicó Boscarol.
“Se sostiene desde el Ministerio que la deserción escolar recién podrá cuantificarse al inicio del ciclo lectivo 2022 … cuando al reabrirse las aulas, vean quienes asisten a clases y quienes todavía no…”, dijo en desacuerdo el legislador.
Fiscal de Estado citado
Rubén Weder, fiscal de Estado, fue invitado a la cámara de diputados para que explique sus actuaciones administrativas emanadas de la instrucción dada por el propio Gobernador Omar Perotti, para presentarse como querellante en el expediente judicial que investiga si hubo actuaciones irregulares en la gestión del exdirector de la oficina de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain.
El pedido es para que se informe sobre las presuntas tareas de espionaje realizadas por el ex Ministro de Seguridad y fue presentado por el justicialista Luis Rubeo, quien dijo que la acusación es de una gravedad inusitada para un gobierno democrático, al recordar que se investiga si se establecieron perfiles de ciudadanos sin que mediara causa judicial alguna.
Su iniciativa fue votada por la mayoría de sus pares pero recibió la firme crítica de otra diputada justicialista, Matilde Bruera, para quien “no puede haber sospecha firme sobre la gestión de Sain y sus funcionarios, si no hay imputación alguna. A tres meses los fiscales no pueden armar la imputación”, exclamó desde su banca.
“Habría que pedirle expliaciones a los fiscales Baclini y Arietti sobre muchas cosas, entre otras los allanamientos ilegales a las oficinas de estos funcionarios”, dijo Bruera.
