El gobierno municipal enviará una iniciativa al Concejo para generar controles sobre el lavado de dinero en la ciudad de Rosario. Centralizado en la creación de sociedades y fideicomisos inmobiliarios, pretende que se averigüe previamente el origen de los fondos y los antecedentes de los empresarios que forman parte de las negociaciones.
El origen ilícito de los activos que invierten en Rosario es uno de los temas que adeuda la justicia federal, desde donde aducen falta de recursos para poder avanzar a fondo en la temática. Sin embargo, se discute si desde los gobiernos locales se puede aportar herramientas para poder evitarlo o al menos generar un paliativo.
El proyecto está siendo confeccionado por las secretarías de Control, Gobierno y Hacienda. La idea general es poder detectar con los elementos que dispone el municipio actividades irregulares con el control sobre el lavado de activos. A su vez, pretenden que esto genere un marco regulatorio seguro para quieren invertir en buena ley.
El eje va a estar puesto en averiguar los antecedentes de los fondos desde una oficina específica, y con el ojo puesto en las firmas que irrumpen de golpe en el mercado con inversiones millonarias, con intenciones de trabajo colaborativo con la Unidad de Información Financiera (UIF) que trabaja sobre este tipo de delitos.
Por su parte Martín Rosúa, concejal de Juntos por el Cambio, propone una Oficina de Colaboración Judicial, similar a la que propone Javkin, pero conformada por 10 profesionales, 5 abogados y 5 contadores, desde donde se genere un sistema de cruzamiento de datos no sólo para las nuevas inversiones sino también para las que ya están instaladas en la ciudad.
Con un convenio con la AFIP, argumenta que se puede generar un trabajo específico sobre inversiones en comercios gastronómicos, desarrollos inmobiliarios, agencias de autos, nocturnidad, registración automotor y de náutica, entre otros rubros que son muchas veces los elegidos para el lavado de activos, comparando información sobre el flujo de dinero de esos negocios y las condiciones fiscales de los presuntos titulares.
Este delito es competencia del fuero federal, pero no por eso hay que quedarnos como estado local de manos cruzadas. Todos los esfuerzos posibles para combatir el delito complejo en la ciudad son necesarios para terminar con la violencia. Que deje de ser un terreno fértil para inversiones parece ser una prioridad para distintos espacios políticos.
