La Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) rechazó “expresa y enérgicamente” las multas que les pusieron por supuestas prácticas en la fijación de los valores de la harina.
La Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) salió este martes a rechazar “expresa y enérgicamente” la multas que van de los 50 a los 150 millones de pesos que el gobierno nacional dispuso contra esa entidad, la Cámara de la Industria Molinera y la Asociación de Pymes Molineras por “ejecutar una práctica horizontal en la fijación de precios de la harina”.
La condena -a la que calificó de exorbitante e infundada- es una por una investigación de un hecho denunciado en 2015. Es por eso que para los industriales que el gobierno ahora lo ponga sobre la mesa sonó más a una suerte de medida de amedrentamiento contra el sector en el medio de las discusiones por el precio de las harinas. Es que el sector mostró en las últimas semanas dudas de las medidas que está tomando el gobierno para tratar de contener la suba del pan.
“La resolución es groseramente arbitraria, por carecer del más básico sustento fáctico y jurídico en la medida que se está sancionando un hecho que nunca ocurrió”, sostuvo la entidad que preside Diego Cifarelli.
“Más allá de la ilegalidad de la decisión, FAIM está convencida de que la resolución de mención responde a otros intereses, que exceden el adecuado marco jurídico y el debido proceso, toda vez que dicha resolución tiene como antecedente un proceso administrativo iniciado en el año 2015 en donde las partes presentaron todas las pruebas y evidencias de que no hubo ningún hecho a sancionar”, resaltó.
“En ese entendimiento, FAIM recurrirá a todas las instancias judiciales que la amparan, a fin de
obtener un pronunciamiento judicial que ponga fin al actuar -reiteramos- arbitrario de la
Secretaria de Comercio Interior”, concluyeron los industriales molineros.
La Denuncia
El gobierno se basó para la multa en una denuncia de una sociedad llamada Impulsar que indicó que la Faim fomentó en agosto de 2015 una afiliación compulsiva de todos los molineros para armar “un cartel institucionalizado, por medio de la creación de un sistema coordinado y auditado por la propia entidad con el objeto de sostener los precios con poder de policía y sanción”.
El objetivo del acuerdo, sostiene la denuncia, fue “limitar la competencia entre las empresas molineras en la molienda y la comercialización de harina de trigo”. Según la denuncia, Molino Cañuelas no resultó ser un “mero cómplice” del acuerdo impetrado, sino que es quien indujo al mercado a cartelizarse y se benefició por la concentración. “Fue la piedra fundamental de la estructura productiva y quien sostuvo a rajatabla las condiciones impuestas”, señala la denuncia citada en el Boletín Oficial.
Pero la FAIM negó de manera terminante la existencia del acuerdo sosteniendo que los convenios que se presentaron en aquella oportunidad a la firma de sus asociados eran en favor de la “libre comenpetencia”, y que eran de adhesión voluntaria. Además, sostuvo que “carece de poder de policía o de facultades para obligar a un molino a cumplir con la ley, ya que solamente puede actuar por acuerdo voluntario y si no obtiene la colaboración de los molinos, no tiene manera de forzar el acatamiento de las normas”.
En ese marco, agregó que “resulta imposible que la Molino Cañuelas pueda imponer decisión alguna, ya que su representante es solamente uno de los 15 integrantes titulares de la Comisión Directiva. Y que los integrantes de dicha comisión representan a molinos que compiten con la firma y que en modo alguno podrían favorecer una maniobra de concentración”.
Por su parte, la Asociación de Pymes Molineras -que también fue multada- habia informado en su momento que no suscribió al acuerdo.
No obstante, la Comisión de Defensa de la Competencia concluyó hubo “una práctica colusiva horizontal entre las imputadas, para la fijación de precios mínimos de venta e intercambio de información sensible, con el objeto de limitar la competencia entre las empresas molineras en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo, resultando perjudicial para la libre competencia y el interés económico general”. Y sobre esas base, ahora la Secretaría de Comercio Interior aplicó las multas.
