“Hay mucha receptividad y conciencia del problema. Se incorporó en la agenda como prioritario”, dijo Somaglia, secretario de Justicia provincial.
La provincia logró poner en la agenda federal un tema de preocupación conocida por reiterada: no puede hacerse cargo de las 1.700 personas que, bajo incumbencia de ese fuero y en territorio santafesino, están con prisión domiciliaria, libertad provisoria o probation. La diligencia corrió por cuenta del secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, invitado por la Cámara de Casación Penal y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal Federal. De la relevancia de la convocatoria se infiere la importancia del encuentro y, además, avizora una solución en corto plazo, que se hará realidad con la asignación de fondos para aplicar al personal y al alquiler de un inmueble.
“Es la Dirección de Control y Ejecución Penal Federal la que debe dotarse de recursos nacionales para controlar sus presos en domicilios y las ejecuciones condicionales, no es Santa Fe”, dijo Somaglia en el encuentro. Y agregó otros de los ejes de la reunión: “La descentralización y federalización de la Justicia federal en Santa Fe debe concretarse. El sistema acusatorio es el principal camino”.
“La delincuencia ligada al narcotráfico es materia federal, hace eje en la provincia, que no es una isla estigmatizada. El flagelo afecta al país”, enfatizó Somaglia después de la reunión que presidió el titular de la Cámara de Casación Penal, Alejando Slockar, y de la que participó la directora de Control y Asistencia de Ejecución Penal, Virginia Barreiro. Lo propio hizo Julio Piumato, titular del gremio de judiciales.
El cónclave tuvo como objetivo poner en agenda la necesidad de crear delegaciones en la provincia de la Dirección que preside Barreiro, que se asimila al Patronato de Liberados. “El reclamo lo venimos haciendo con el gobernador Omar Perotti desde el año pasado y a principios de 2022, a través de una carta a los tres organismos que convocaron a la reunión, en la que se solicitaba la creación de una delegación con sede en Rosario”, indicó.
Según Somaglia, siempre se cita que Santa Fe tiene entre 500 y 600 presos federales alojados en las distintas reparticiones, alcaidías o cárceles, pero nada se dice de los detenidos que tienen otra situación, como prisión domiciliaria o cumpliendo probation. O están en libertad condicional.
“Es un universo de entre 1.600 y 1.700 personas, que la provincia intenta controlar a través del Patronato de Liberados, que ya tiene a su cargo el control de ejecución penal de los presos provinciales. Es muy difícil hacerse cargo, entonces, de los federales”, explicó.
Además del tráfico de drogas, que encabeza la lista, los delitos federales incluyen contrabando y falsificación de monedas, entre otros. “Si bien integran empresas criminales, los que siempre terminan cayendo son los más frágiles en lo económico y emocional, son los cuadros bajos e intermedios y no quienes los conducen”, detalló.
El casamiento de Ibarlucea
El triple crimen de un hombre, su esposa e hija, ocurrido a fines de enero y que fue definido como “boda narco“, sacó a la luz que la novia, procesada y condenada por delitos relacionados con drogas, debía cumplir con prisión domiciliaria en lugar de estar en la fastuosa fiesta que realizaron en Ibarlucea. La noticia dio vuelta al país, haciendo hincapié, justamente, en ese régimen de detención.
“Ese control de la prisión domiciliaria le correspondía a la Dirección de Control, que se creó por ley varios años atrás pero que, en la actualidad, no cuenta con personal ni recursos para realizar su tarea”, ejemplificó Somaglia para ilustrar lo que la provincia realiza a título de colaboración, aunque no sea de su incumbencia. “Es decir: la provincia subsidia esta actividad”, indicó.
“Hay cuotas de responsabilidad, en materia de seguridad, en lo que se relaciona con la actividad del Poder Judicial, que le corresponde atender a la Nación, no a la provincia”, sintetizó. Y dijo que, en la actualidad, la Dirección de Control, que dirige Barreiro, tiene “escaso personal y sede en el Poder Judicial de la Nación, cuando debería controlar esas situaciones en todas las provincias, por eso hay que federalizar y descentralizar la Justicia federal, que tiene que bajar a las provincias para cumplir el cometido que la ley les encomienda”, enfatizó.
Además, no pasó por alto la complejidad del tema, ya que muchas de las actividades del narcotráfico comienzan o terminan con otros delitos complementarios que son resortes de la Justicia provincial, porque pueden venir acompañadas de robo, daños u homicidios.
“Muchas veces confluyen las dos jurisdicciones y se está trabajando muy bien en ese sentido, en sintonía entre provincia y Nación, pero como Santa Fe tiene sistema acusatorio, tiende a resolver algunas cuestiones mucho más rápido, mientras que las cuestiones exclusivamente vinculadas a las drogas quedan diligenciándose en el tiempo. Eso hace que haya muchas prisiones preventivas que se incrementan con el correr del tiempo”, explicó.
“Planteé la necesidad de que la Nación no sólo invierta en la Dirección de Control sino en poner en funcionamiento el juicio oral, el sistema acusatorio, que va a permitir agilizar la resolución de los casos”, comentó. Y calificó al sistema como una moneda de dos caras: agiliza la resolución de los casos, pero también requiere de más espacio para alojar presos.
Cárcel Federal
Para Somaglia, a fin de año podría estar lista la primera cárcel federal que se está construyendo en suelo santafesino, en Coronda, con una capacidad de 450 plazas para alojar detenidos y que contará con recursos y servicio penitenciario federales.
“Pero no hay que olvidar que es una cárcel para la Región Centro, que será compartida con Entre Ríos y Córdoba, por lo tanto no alcanzará a absorber los detenidos que hoy suman 570 en las cárceles provinciales de Rosario y Santa Fe”, comentó.
Según el Secretario de Justicia, en el último año, la población federal detenida y con regímenes especiales se incrementó un 15 por ciento, que engrosan la superpoblación carcelaria que con mil plazas disponibles, alberga a 7 mil detenidos, lo que conlleva reclamos y hábeas corpus.
“Estamos en una coyuntura muy difícil, y de difícil traducción en la prensa, porque estamos viviendo momentos con la sociedad muy reactiva”, acotó. Y no pasó por alto el cambio en el modo y la conducción del delito, como los vinculados al narcotráfico, con alto porcentaje manejado desde las cárceles, mediatizado con los avances de la tecnología.
Control Penal
Para Somaglia, la complejidad en el abordaje del control penal hace necesaria la confluencia de organismos religiosos y civiles como los de derechos humanos. “La persona que sale de la cárcel lo hace estigmatizado, golpeado psíquicamente, deprimido, porque se autoexcluye por su propia subjetividad. Imaginemos que tenemos alto índice de desocupación, emplear a un preso a nadie le seduce”, concluyó.
Fuente: La Capital
