El diputado provincial del bloque UCR se refirió a las medidas judiciales impuestas a Marcelo Sain por el supuesto intento de favorecer a una empresa en la compra de armamento. “Los funcionarios van a tener que dar las explicaciones en el caso, que todavía no están dando, expresó Juan Cruz Cándido en Radio EME.
Los fiscales de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos, dirigida por Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, solicitaron al Juez del caso que impida la salida del país de Marcelo Sain y otros funcionarios de su gestión, además de solicitar trabar un embargo de 200 mil dólares, como medidas alternativas a la prisión preventiva.
El ex ministro de Seguridad fue imputado el 28 de abril pasado por el supuesto intento de direccionamiento en favor de una empresa, de un pliego licitatorio para la compra de armamentos, maniobra que fue denunciada por diputados de la oposición y dejada sin efecto por el Ministerio de Economía.
En tanto, los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández le atribuyeron negociación incompatible con la función pública y tentativa de defraudación. La medida también abarcó ex funcionarios de su gestión: el ex secretario de Seguridad Germán Montenegro, el ex secretario de Coordinación Técnica y Administrativa del Ministerio de Seguridad Maximiliano Novas, y el ex jefe del Departamento de Logística (D4) de la policía provincial (habilitado), Marcelo Leandro Correa.
Ayer, se concretó el pedido para embargar y evitar que los encausados dejen el país, mientras que para este viernes deben responder los abogados defensores de los imputados, tras lo cual el juez deberá tomar una decisión.
Al respecto, el diputado provincial por el bloque de la UCR, Juan Cruz Cándido, denunciante del caso, opinó en Radio EME: “Lo primero que tiene que reconfortarnos es que se logró evitar que se le realice el juicio al estado. Fue un perjuicio era de una inversión de 17 millones de dólares. Pero que se estima que el honorario público iba a ser de 2 millones de dólares. Se busca las razones por las cuales se intentaba favorecer a esta empresa”.
En tanto, señaló: “No era un hecho aislado la relación con la empresa. Esto fue un descaro. Por eso los funcionarios van a tener que dar las explicaciones en el caso, que todavía no están dando. Sólo dan argumento políticas para buscar ser perseguidos e involucrados en conspiraciones”.
A su vez, apuntó: “Esto describe las razones por la crisis de seguridad que estamos atravesando”.
Por otra parte, el actual presidente de la Comisión de Seguridad de la cámara baja explicó: “Notamos que había una resolución de la cartera de economía que le ordena el corregimiento de la legislación al Ministerio de Seguridad. Se puso a todas las armas dentro de un mismo renglón. Y se estableció que si no podía proveer todo el pedido no podía presentarse ante la registración a pesar de sus precios y calidad convenientes. Sólo podía el Grupo Patagonia, la intermediaria de una empresa israelí”.
Y añadió: “Es grave. La verdad es que hay mucha evidencia que esto demuestra que no fue un error administrativo interno. Puede haber delito porque se estaba preconfigurando”.
También, el legislador radical mencionó con “Informados”, con Mario Galoppo y Carina Bolatti: “Esperamos que haya castigo. Tras la recolección de la evidencia, pedimos que se asuman las responsabilidades penales y políticas que correspondan. Haber confundido los roles, y usar la estructura del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Marcelo Saín, hay una responsabilidad política de lo que pasó en Santa Fe y en Saín también, y en quienes lo permitieron”.
Por último, Cándido expresó: “Dios los cría y el viento los amontona. En un gobierno normal ninguna persona imputada sería funcionario. Lo que tiene que explicar Sain es porque le querían dar a una empresa a dedo, un negocio de siete millones de dolares. Asocia a gente que no tenia que asociar, sin razones”.
