El ex-ministro de seguridad afronta cargos por supuestamente direccionar a una empresa una compra de armamento para la policía por 17.103.543 dólares.
Los fiscales de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos, dirigida por Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, solicitaron al Juez del caso que impida la salida del país de Marcelo Sain y otros funcionarios de su gestión, además de solicitar trabar un embargo de 200 mil dólares, como medidas alternativas a la prisión preventiva.
El ex ministro de Seguridad fue imputado el 28 de abril pasado por el supuesto intento de direccionamiento en favor de una empresa, de un pliego licitatorio para la compra de armamentos, maniobra que fue denunciada por diputados de la oposición y dejada sin efecto por el Ministerio de Economía.
Los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández le atribuyeron negociación incompatible con la función pública y tentativa de defraudación.
La medida también abarcó ex funcionarios de su gestión: el ex secretario de Seguridad Germán Montenegro, el ex secretario de Coordinación Técnica y Administrativa del Ministerio de Seguridad Maximiliano Novas, y el ex jefe del Departamento de Logística (D4) de la policía provincial (habilitado), Marcelo Leandro Correa.
Ahora, en una audiencia realizada esta mañana de jueves, se concretó el pedido para embargar y evitar que los encausados dejen el país, mientras que para este viernes deben responder los abogados defensores de los imputados, tras lo cual el juez deberá tomar una decisión
Al opinar del trámite de hoy, el diputado radical que preside la Comisión de Seguridad, Juan Cruz Cándido, denunciante del caso, expresó que “la audiencia de hoy confirma lo que denunciamos: hubo corrupción en la compra de armas del gobierno de Santa Fe. Sain y cia. intentaron un negociado de 17 millones de dólares, donde el pliego fue redactado por la misma empresa proveedora”.
