En la legislatura comienzan a debatir el problema del incesante robo de cables, que causan pérdidas millonarias al Estado y empresas privadas.
Se realizó hoy en la ciudad de Rosario la primera audiencia pública para exponer las diferentes situaciones y la búsqueda de soluciones conjuntas a la temática del robo de cables y conductores.
El delito se ha convertido en un severo problema para quienes deben extender servicios mediante redes que contemplen metales no ferrosos, entre ellos cobre y sus aleaciones como bronce y latón, níquel o aluminio.
Solamente, desde la EPE expresaron que ya les robaron 160 mil kilos de cobre sólo en la ciudad de Rosario, según se expresó en la audiencia de hoy.
En el encuentro estuvieron presentes los diputados Lionella Catallini, Oscar Martinez, Gustavo Bermúdez, el secretario de Seguridad del Gobierno de Santa Fe Claudio Brilloni, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Zignano, la fiscal regional María E Iribarren, representantes de Enacom, Telecom, Litoral Gas y Epe y vecinalistas de la ciudad de Rosario.
Precisamente Martínez y Cattalini tienen proyectos para regular y aumentar los controles de las empresas que manipulan metales de este tipo.
En el caso de la legisladora socialista, el objetivo principal es la creación de un “Registro Único de Comerciantes de Metales No Ferrosos”, que estará destinado a titulares o responsables de comercios y locales, y a quienes realicen actividades de carácter comercial o industrial en forma permanente o eventual con metales no ferrosos, quienes además deberán llevar un libro donde consten datos sobre la compraventa y las personas que intervienen.
“La revalorización del precio internacional del cobre y del bronce impulsa las operaciones de grupos organizados que aprovechan un activo circuito ilegal para su reducción y reventa clandestina. Es una modalidad delictiva, es capaz de alimentar un importante mercado negro con fácil disponibilidad de dinero, agregó Cattalini.
Este delito incluye la intervención de tres sectores bien diferenciados. Primero, los sujetos encargados de la sustracción material del tendido de cables. Luego, los responsables de las distintas chatarrerías que operan como comercios legales y que compran en el mercado negro el material robado y lo almacenan. Y, finalmente, las fundiciones, talleres donde, a través de procesos metalúrgicos específicos, se separa el cobre del aislante que lo contiene para su posterior venta.
El proyecto establece que este Registro se encuentre bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Justicia y DDHH, en colaboración con municipios y comunas.
Por otro lado, prevé el deber del MPA de informar a la autoridad la aplicación toda vez que se inicia una causa penal a personas que se encuentren inscriptas en el registro.
