El juez penal Nicolás Foppiani imputó a Omar Scarel por desobediencia a una cautelar que impedía la venta de acciones de la compañía.
El juez penal de primera instancia, Nicolás Foppiani, decidió este miércoles que el presidente del directorio de Vicentin, Omar Scarel, quede en libertad pero le impuso una caución adicional de 500 mil dólares a la que ya tiene desde el año pasado. Fue en el marco de la audiencia en la cual el directivo quedó imputado de desobedecer las cautelares que prohíben vender acciones y otros activos de la agroexportadora y empresas vinculadas.
Scarel había sido detenido el pasado lunes luego de que la Fiscalía de Delitos Complejos entendiera que incumplió la orden judicial de 2020 que le prohibió a Vicentin disponer de sus activos para evitar un vaciamiento. La operación que quedó bajo la lupa fue la venta del 33,33% de las acciones de la vinculada Renova, que quedaban en su poder, a su socia Viterra. Si bien forma parte de la propuesta de pago a los acreedores que todavía debe ser aprobada en el marco del concurso, los investigadores entienden que el hecho se consumó
Por eso, la Fiscalía de Rosario imputó a Scarel, por “desobediencia en grado consumado de dos órdenes judiciales de 2020”. Una de ellas, dictada por el mismo juez que presidió ayer la audiencia.
En este caso, el magistrado consideró que el imputado podrá seguir el proceso en su domicilio aunque le impuso la caución monetaria de medio millón de dólares a cambio de dejarlo en libertad. Esta se suma a la de u$s 10 millones que otro juez, Román Lanzón, les había fijado en octubre pasado a él y otros 13 directivos de Vicentin. Pero no objetó la imputación del Ministerio Público y coincidió en las sospechas deslizadas sobre la intencionalidad que encubre la “enmarañada presentación” de la propuesta concursal de la empresa. Y conminó a sus directivos a informar expresamente a la Justicia cualquier movimiento que pueda implicar un levantamiento de las medidas cautelares.
En el marco de la audiencia imputativa que se desarrolló hasta pasadas las 18 de este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la Fiscalía fundó la imputación en la desobediencia del directivo de la agroexportadora las disposiciones judiciales de hace dos años, que prohibían disponer de las acciones de empresas vinculadas y también vender activos no corrientes por más de 50 millones de pesos.
La evidencia que presentó el fiscal Miguel Moreno, a cargo de la Fiscalía, es una oferta de compra realizada por Viterra el 28 de abril por el 33,3% de acciones de Renova, por u$s 310 millones y la contestación de Scarel sobre su aceptación en carácter irrevocable ese mismo día.
Esa operación forma parte de la propuesta general que hizo Vicentin en el concurso de acreedores para pagar una porción de la deuda de u$s 1.400 millones, que incluye la asociación con tres empresas del sector (ACA, Viterra y Bunge) para llevar adelante un plan de reestructuración y la creación de un fideicomiso de garantía. Según esta presentación, que será evaluada por los acreedores y el juez Fabián Lorenzini hasta fin de este mes, la primera cuota de pago de ese pasivo, por u$s 150 millones, se haría con lo que se recaude del traspaso de ese paquete accionario.
“Gran ilusionista”
Y aquí está el punto del conflicto debatido ayer. Los fiscales entienden que la venta se consumó, violando la prohibición judicial. En cambio, el imputado, que hizo uso de la palabra dijo que ese contrato forma parte de la propuesta mejorada que realizaron a los acreedores en el marco del concurso preventivo y que sólo se activa si el juez del concurso (Fabián Lorenzini) la homologaba y luego planteaba el levantamiento de las inhibiciones a la Justicia penal.
El fiscal Moreno lo refutó y acusó a Scarel de ser “un gran ilusionista” que crea apariencias sobre cosas que “en realidad no son”. Recordó que está imputado por falsear balances cuando era contador y síndico de Vicentin, para aparentar solvencia que ya tenia, de amañar la presentación de sociedades vinculadas al grupo como acreedores de la firma y de reclutar un “síndico figurativo” cuando cambió el directorio de la cerealera, luego del default.
Su colega Sebastián Narvaja detalló la maniobra que se le imputó al presidente de Vicentin. En una estrategia propia del Código Da Vinci, buceó en la redacción del documento de la propuesta concursal para encontrar que Vicentin mezcló en la presentación los convenios marco firmados con los inversores estratégicos y el contrato de compraventa de acciones de Renova a Viterra. Algo así como pasar un elefante “entre los filigranas de la propuesta que realizó al concurso”.
Su caso es el siguiente: en la propuesta general, cualquier acto está sometido a la homologación del juez el concurso, y opera diez días hábiles después “del acto de cierre” del mismo, a fin de junio. Pero el contrato de compra-venta de acciones señala que esa operación en si misma queda firme unos días después de su “fecha de cierre”, a fines de abril pasado. Y no la condiciona al levantamiento de las cautelares.
Narvaja propuso un trabajo hermenéutico sobre toda la documentación presentada en el marco del concurso, desencriptando supuestas fallas, desprolijidades, cambios de orden y de términos en los textos, que van disfrazando la maniobra denunciada: una venta de acciones no autorizada. Mencionó incluso que en un fárrago de 2.500 páginas, hay dos que contienen lo que llamó “el diccionario de Scarel”, con el significado de conceptos que aparecen confundidos en la presentación.
Moreno cerró la imputación sembrando más sospechas. Señaló que durante los últimos meses, a pedido de la defensa de los directivos de la cerealera, se dispusieron flexibilizaciones o levantamiento de cautelares para atender situaciones puntuales. Y contrastó esa actitud con la operación que involucra la venta de acciones de Renova (la joya de los activos de Vicentin), que no fue objeto de pedido de autorización en la Justicia penal.
La defensa
La defensa del presidente de Vicentin, presentada por los abogados Jorge Ilharrescondo, Daniel Cuenca y Guido Ferullo, rechazó el argumento de la Fiscalía. Su réplica se basó en tres ejes: no hay proceso que tenga más control (jueces, abogados, síndicos, acreedores) que el concurso de Vicentin, y ningún otro detectó esa suerte de maniobra tipo “carta robada” que señalaron los fiscales. Por otro lado, los letrados aseguraron, la venta de acciones de Renova no se concretó porque no hubo transferencia efectiva (para la fiscalía y la querella, el código civil dice que ya hay venta cuando se acepta el contrato). Y, por último, consideraron que la propuesta concursal y el contrato de compra venta de las acciones de Renova no se pueden analizar en forma separada, Y en la primera, que es la base, queda claro que todo está condicionado a la venia judicial.
También reiteraron el argumento de que en el juicio penal a los directivos de Vicentina se intentan criminalizar cuestiones comerciales. Ilharrescondo fue más allá: “No parece casual esta presentación a quince días de la fecha de homologación del concurso y cuando casi 900 acreedores sobre 1.600 ya aceptaron la propuesta que realizó Vicentin”. A su juicio, los fiscales “buscan calmar a las fieras que quieren el cram down (proceso de reestructuración posconcursal)”. Apuntó tácitamente a la empresa Commodities SA, una de las principales acreedoras y una de las impulsoras del proceso penal. También se permitió una chicana: “¿Por qué no están en esta audiencia los representantes de otros querellantes como los bancos extranjeros, Cuatro Hojas y el Banco Macro?”
En esos términos rechazaron el pedido de prisión preventiva. El juez Foppiani le dio la razón en ese aspecto pero aceptó la imputación y además aumentó la fianza de Scarel. Coincidió con la defensa en que sería “burdo” intentar burlar la mirada vigilante que hay hoy sobre Vicentin pero también con los fiscales al sospechar de que en el estilo de la presentación concursal bien puede haber gato encerrado. En todo caso, dejó seguir la imputación y pidió más diligencia a la empresa en su imputación. Al fin y al cabo, dijo, “todavía no queda claro cómo hicieron para enfermar a la gallina de los huevos de oro”.
Semana agitada
Scarel fue detenido el lunes luego de que la Fiscalía entendiera que incumplió la orden judicial de 2020 que le prohibió a Vicentin disponer de sus activos para evitar un vaciamiento.
Moreno imputó a Scarel al considerar que Vicentin comprometió el traspaso de las acciones de Renova, empresa procesadora de granos que creó en sociedad con la multinacional Viterra, como parte de una propuesta de cancelación de deuda a sus acreedores a pocos días de que venza el período de exclusividad del concurso y de cara al acuerdo de asociación estratégica con ACA, Viterra y Bunge.
Entendió que la venta de las acciones de Renova ya está “perfeccionada”, es decir ya se acordó. Y por eso ordenaron la detención de Scarel por “desobediencia” y ahora lo imputaron por esa figura.
Fuente: La Capital
