Pullaro presentó su proyecto para endurecer el régimen de detención de presos de “alto perfil”.
El diputado radical Maximiliano Pullaro sugirió en declaraciones periodísticas que el gobierno provincial podría haber pactado con las organizaciones criminales.
“Cuando vos tenés menos prevención, no avanzas durante 26 meses sobre ninguna organización criminal y disolves las condiciones de detención de los presos de alto perfil, eso huele a pacto, eso huele a pacto”, dijo Pullaro al presentar su proyecto para endurecer las condiciones de detenciones de los presos peligrosos.
Los diputados provinciales Maximiliano Pullaro y Juan Cruz Cándido junto a su par en el Congreso Nacional, Gabriel Chumpitaz, explicaron los alcances de un proyecto de ley para obligar al gobierno a implementar un régimen especial que endurezca las condiciones de detenidos de alto perfil.
“Queremos darle fuerza de ley a una modalidad que comenzamos a implementar en la gestión de Pullaro, luego que fueron siendo detenidos los jefes de las grandes bandas criminales, y que no fue continuada por este gobierno como hubiera sido necesario”, sostuvo Cándido explicando las razones de la propuesta.
El ex ministro y ahora presidente del bloque radical, Maximiliano Pullaro, entiende que “la cuestión penitenciaria es una de las grandes fallas de este gobierno: no tienen ni plan ni conducción para las cárceles y eso se nota en la gran cantidad de delitos altamente lesivos, balaceras, extorsiones que están orquestados desde adentro de las cárceles, por eso tenemos que poner todas las herramientas a nuestro alcance para que el Estado recupere el control penitenciario y de los presos de alto perfil”.
“Podemos volver a contener la crisis de violencia y retomar la curva descendiente de los delitos, pero eso implica tomar el toro por las astas y ponerse encima de los problemas, no para comentarlos sino para trabajar 24×7 para resolverlos”, concluyó Pullaro.
El proyecto, que lleva también la firma de la diputada provincial Ximena Sola; tiene como antecedente el régimen adoptado durante la gestión de Pullaro en el gobierno de Miguel Lifschitz.
Plantea un régimen especial de detención para aquellas personas que tengan participación o contacto relevante con organizaciones criminales complejas y/o ligadas al narcotráfico, haya indicios sobre su participación directa o indirecta en atentados, actos de fuerza, agresión o amenaza hacia los poderes públicos; tengan antecedentes de evasión, atentado o resistencia a la autoridad policial o penitenciaria, participación en motín o tumulto; o cuenten con recursos humanos, económicos, financieros, materiales, logísticos o de cualquier otro tipo que les permitan realizar las acciones mencionadas.
La norma que promueven los legisladores también dispone las condiciones en las que debe trabajar el personal penitenciario que tenga a cargo a estos detenidos de alto perfil y reglas para la visita, tanto regulares como en los casos donde el detenido es sancionado por infringir normas de conducta, donde se limitan aún más este tipo de encuentros. También se propone la modalidad en la que se deberán hacer los traslados en los casos en que se autoricen.
