El diputado nacional de Juntos por el Cambio por Santa Fe, Juan Martín, presentó un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal de la Nación. “Ningún nivel del estado puede desentenderse de este problema: ni Nación, ni provincias, ni municipios”, aseguró en Radio EME.
Desde JxC, el diputado nacional de la UCR Juan Martín, impulsa un proyecto de ley que busca introducir modificaciones en el Código Procesal Penal Nacional y así poner límite a las usurpaciones y ocupaciones ilegales de inmuebles privados y públicos. Puntualmente el legislador santafesino propone que se restituya el terreno o el inmueble a la víctima del delito, “en cualquier estado del proceso y aun sin dictado de auto de procesamiento o de remisión a juicio”, obviamente con la salvedad de que “el derecho invocado por el damnificado fuere verosímil”.
La iniciativa del legislador, presentada en la Cámara Baja y que es acompañada por más de 30 diputados, se da en momentos en que crece la preocupación en todo el país por este tipo de situaciones que se repiten con mayor asiduidad y que en muchos casos son impulsados por organizaciones políticas o sociales.
En particular en la Ciudad de Santa Fe se conocieron en estos días usurpaciones en zonas de defensas y reservorios, lo que “agrega además riesgo hídrico en una ciudad que ha padecido inundaciones por la improvisación y la desidia”. “Por eso proponemos herramientas concretas que coadyuven en el proceso judicial, pero también interpelamos a todos los niveles del Estado a trabajar para que esta situación no se siga replicando: Nación, provincia y sobre todo los municipios deben tener como eje evitar usurpaciones”, agregó Juan Martín en Radio EME.
Sobre las usurpaciones que se dan en distintos puntos del país y el proyecto presentado, el diputado de JxC afirmó: “Este accionar constante y deliberado contra la propiedad privada individual requiere la elaboración de instrumentos procesales ágiles, que piensen en garantizar una justicia temprana que repare el accionar de los usurpadores con el restablecimiento inmediato del derecho de posesión y tenencia del bien apropiado, desalentando de esta forma las tomas ilegales”, indica el proyecto, en el que se busca modificar e introducir artículos en el Código.
Treinta y cinco asentamientos ilegales de la ciudad se encuentran en zonas inundables
Juan Martín explicita que “el déficit habitacional real y objetivo que nos interpela, no puede ser resuelto a expensas de los derechos de otros habitantes (como el de propiedad privada, también garantizado constitucionalmente), siendo su solución competencia de otras áreas y organismos del Estado. Y en última instancia, la ausencia o ineficacia de políticas públicas para resolver el déficit habitacional, no habilita a los particulares a que tomen por vías de hecho la propiedad inmueble estatal o de terceros”, enfatiza el legislador.
Para el diputado radical “resulta paradójico que titulares registrales de inmuebles deban emprender un litigio de desalojo contra los ocupantes ilegales y someterse a las acciones dilatorias y a los tiempos de un juicio ordinario para recuperar algo que le es propio y cuya titularidad surge de manera evidente de la documentación que acredita su propiedad”.
La iniciativa de Juan Martín lleva es acompañada por los siguientes legisladores: Mario Negri; Miguel Bazze; Fabio Quetglas; Mario Barletta; Manuel Aguirre; Lidia Ascárate; Gerardo Milman, Pablo Torello; Gabriela Lena; Pamela Verasay, Soledad Carrizo, Gerardo Cipollini; Francisco Monti; Roberto Sánchez; Aníbal Tortoriello; Mario Barletta; Carlos Zapata; Hugo Romero; Ximena García; Lisandro Nieri; Gustavo Bohuid; Marcela Coli; Juan Carlos Polini; Jorge Vara; Jorge Rizzotti; Marcos Carasso, Miguel Nanni, Karina Bachey, Carolina Castets y Alberto Assef.
Complicidad política y la “ley del más fuerte”
El número de denuncias por ocupación de inmuebles en todo el país creció particularmente en los últimos años y no hay respuestas eficientes por parte de las autoridades, “que por momentos consienten y apañan ésta actitud delictiva”, indica el legislador.
En esa línea, agregó: “Nada justifica que las personas usurpen terrenos ni inmuebles. No se justifica en los casos en que se trate de terrenos privados, pero tampoco puede tolerarse en el caso de que los terrenos que se usurpen sean propiedad del Estado, puesto que la forma de exigir el cumplimiento del ejercicio del derecho a la vivienda no puede ser “por mano propia” sino que se requiere de una política gubernamental que la reglamente equitativamente, considerando todos las prerrogativas e intereses en juego”.
“De lo contrario -advierte el diputado por Santa Fe- permitiríamos que aquellos ´más fuertes’ o ‘más agresivos’ estén en mejores condiciones que otros, quienes tampoco tienen acceso a una vivienda digna, pero que no toman el camino de violar la ley ni usurpar. O de aquellos que pese a las dificultades trabajan, ahorran en un país que les niega el acceso al crédito, para poder acceder con mucho sacrificio al sueño de la casa propia”.
Para Juan Martín se agrava más porque “en muchos casos los espacios que se usurpan cumplen con finalidades que benefician a la comunidad toda, como un parque o una plaza, o un reservorio que cumple una función esencial en el abordaje del riesgo hídrico que enfrentan nuestras ciudades y pueblos, particularmente en un contexto de cambio climático como el que atravesamos. Sin dejar de señalar, desde ya, que lejos se encuentra una ocupación precaria en un terreno hostil de satisfacer la prerrogativa de cada mujer, cada hombre, cada familia a contar con una vivienda digna. Detrás de lugares comunes se encuentran muchas veces atajos demagógicos que lejos están de resolver cabalmente las carencias de los más vulnerables”.
