Son exportaciones de 2020/2021 de empresas denunciadas que mostraban escasa capacidad económica y financiera al tiempo que incrementaban los volúmenes de venta.
La Aduana y la DGI analizaron exportaciones de más de 100 empresas realizadas en los años 2020/2021 y detectaron nuevos exportadores de maíz partido, soja desactivada y aceites-mezcla, caracterizados por el incremento exponencial de los valores exportados.
Llamó la atención a las autoridades, la relación desproporcionada entre las exportaciones y la capacidad económica y financiera de las empresas, que mostraban estos puntos en común:
Todas evidencian un patrón financiero similar, registrando un incremento exponencial en sus volúmenes de exportación en muy poco tiempo.
La posición mayoritariamente utilizada es la de Maíz Partido (PA 1104.2300.0000), caracterizada por encontrarse fuera del sistema de precios oficiales.
Ninguno de los operadores analizados cuenta con capacidad financiera ni operativa acordes a los volúmenes exportados.
Un porcentaje elevado de las destinaciones son registradas ante la misma aduana, Campana, repitiendo el circuito de exportación en casi todos los casos.
El monto de divisas liquidadas es sistemáticamente muy bajo en relación con los montos exportados.
Tras el análisis de la AFIP-DGI, muchas de las empresas analizadas se encuentran incluidas en la Base de Firmas Apócrifas (base APOC), bajo la calificación de usinas de créditos sin solvencia.
En ese marco, la Aduana-AFIP presentó una denuncia que está siendo investigada por el Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, quien ordenó más de ochenta allanamientos en simultáneo en todo el país, en los que se secuestraron celulares, PCs, discos rígidos, documentación y dos armas de fuego (una sin su pertinente documentación). La Policía Federal, a su vez, colaboró en los allanamientos y también trabajó en la investigación.
No se ingresaron los dólares al banco central
La maniobra es evidente: cerca de 15 empresas truchas con u$s 51 millones en exportaciones —cuyo plazo de liquidación está vencido— solo ingresaron al país u$s 3 millones. El 94% de lo exportado no fue ingresado al Banco Central.
“La Aduana tiene como responsabilidad asegurar que todos los exportadores operen en igualdad de condiciones, evitando maniobras irregulares que afecten las reservas del Banco Central. Los dólares son para la producción y el trabajo argentino, no para la especulación financiera”, señaló el Director General de Aduanas, Guillermo Michel.
Otras acciones de Aduana-DGI
DGI procedió a suspender el CUIT, a más de 40 empresas sospechadas -de las 100 investigadas- mientras que la Aduana emitió un reporte de operación sospechosa de lavado de dinero ante la UIF.
La causa penal
El Juzgado Federal de Campana investiga la posible existencia de una asociación ilícita contemplada en el Art. 210 del Código Penal, y/o delitos tipificados en el Régimen Penal Tributario (Ley 27.430) y/o en el Régimen Penal Cambiario (Ley 19.359 – T.O. 1995 Decreto N° 480/1995) y de la comisión de lavado de activos (Art. 303 inc. 1° del Código Penal).
Las investigaciones preliminares dejaron en evidencia que las empresas exportadoras carecerían de solvencia para afrontar las operaciones de comercio exterior, lo cual demuestra que detrás de toda la estructura formal existirían uno o más exportadores ocultos, cuya identidad no fue develada por el exportador aparente.
Existen suficientes elementos de convicción para sostener que el exportador real —esto es, el verdadero dueño de la mercadería— habría sido sustituido por empresas ficticias o pantalla.
