Legisladores y legisladoras de la oposición santafesina realizaron una conferencia de prensa preocupados por la forma en que se están manejando los concursos para la elección de fiscales regionales y general.
Este jueves por la mañana se realizó una conferencia de prensa en Santa Fe donde estuvieron presentes legisladores y legisladoras de la oposición santafesina preocupados por la forma en que se están manejando los concursos para la elección de fiscales regionales y general.
“Para ser claros, salió un decreto un viernes, se hizo la convocatoria un lunes y se hizo el sorteo un martes a las 7 de la mañana un día que había paro de UPCN y de ATE con lo cual sin meternos en la cuestión de fondo de cada uno de los que van a ser jurados, pedimos un proceso que tenga transparencia y diálogo institucional”, expresó el diputado de Juntos por el Cambio Maximiliano Pullaro, quien fue claro al señalar que “El gobierno genera sospechas y perjudica la persecución penal de los próximos años”.
“Estamos hablando de cuestiones muy profundas para la provincia de Santa Fe. Hablamos de la política de persecución penal que impacta en la Seguridad Pública y si ese proceso no es transparente, nosotros nos reservamos nuestro derecho de mirar cada uno de los postulantes que manden y por supuesto de rechazarlo si no estamos de acuerdo”, añadió.
Legisladores y legisladoras lanzaron un comunicado manifestando la necesidad de que el proceso tenga la transparencia necesaria para poder llevar adelante las políticas de persecución penal durante este próximo quinquenio.
“Quienes vayan a conducir la persecución penal en la provincia de Santa Fe y de la manera que lo vayan a hacer impacta directamente en la Seguridad Pública. Por eso creemos que las audiencias que se van a llevar adelante y los trabajos que van a presentar las y los diferentes postulantes puedan ser públicos, transparentes, que pueda haber una mirada de la sociedad civil en las posibles impugnaciones que puedan tener los postulantes para poder evaluarlos en profundidad”, manifestó el líder de la bancada radical en diputados.
“No estamos hablando de una cuestión menor. Estamos hablando de una cuestión que va a condicionar la política de persecución penal por los próximos 5 años”, cerró.
El comunicado
En Abril del 2023 vence el mandato de las Principales autoridades del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal, es decir mandatos del Fiscal General, Fiscales regionales, Auditora General de Gestión del MPA y Defensora Provincial y Defensores regionales, todos cargos relevantes y centrales para el diseño de la política criminal en Santa Fe por los próximos cinco años.
Ante un recambio con implicancias institucionales de tal magnitud, queremos manifestar nuestra enorme preocupación en torno al Proceso de concursos públicos que comenzó a llevar adelante el Poder Ejecutivo Provincial en los últimos días.
En fecha 26 de Agosto de 2022 mediante decreto 1538 el Gobernador arbitrariamente y sin la consulta necesaria, decide modificar disposiciones referidas al Consejo de la Magistratura, cambiando la composición del jurado y dándole mayor competencias y discrecionalidad al Presidente del Consejo.
Luego de ello, a los dos días hábiles del decreto, se realiza el sorteo del jurado, a las 7 de la mañana en absoluto secreto y en pleno paro de trabajadores de ATE y UPCN, sin presencia ni control de ningún otro poder del Estado o parte interesada.
Asimismo, cuando observamos los requisitos que debe contener el plan de trabajo requerido a los aspirantes a Fiscales regionales y General, vemos, con mucho asombro, que solo se hace hincapié en los siguientes puntos: Rol de la víctima, Relación con la Prensa, Perspectiva de Género, Vinculación con la Policía y Organismo de Investigaciones, sin que quede claramente expresada las prioridades y políticas de persecución penal y estrategias de gestión que proponga cada postulante.
Estamos convencidos que el MPA cumple una función trascendental dentro del sistema de seguridad y justicia en la Provincia de Santa Fe, es por eso que el proceso de selección de autoridades debe ser amplio, participativo, transparente, ejemplar y acorde a los desafíos institucionales que impone la compleja realidad de nuestra provincia: no aceptaremos el resultado de un proceso que esté viciado por sospechas, rumores y faltas de transparencia.
