Los habitantes de las regiones más pobres desahogan su ira contra la élite política limeña por una persistente desigualdad, poniendo a prueba la democracia de la nación.
Miles de peruanos, muchos de las regiones mineras del sur del país, marcharon en Lima. Exigen cambios radicales en el país luego de más de 50 muertes vinculadas a las protestas contra el Gobierno que encabeza Dina Bouarte.
Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden marcan la peor violencia que vio Perú en más de dos décadas. Los habitantes de las regiones más pobres desahogan su ira contra la élite política limeña por una persistente desigualdad. De este modo, ponen a prueba la democracia de la nación andina rica en cobre. De hecho, esta jornada fue denominada como “La toma de Lima”.
En tanto, en Puno y Arequipa, otros dos manifestantes murieron en medio de los enfrentamientos con la policía. Ya en horas de la noche, Boluarte dio un mensaje al país, en el cual intentó mostrarse fortalecida a pesar de la crisis. Dijo que su gobiero “está firme”, y su gabinete “más unido que nunca”.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Boluarte, nuevas elecciones rápidas, el cierre del Congreso y una nueva Constitución para reemplazar una favorable al mercado vigente desde 1993 en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, quien está preso por abusos a los derechos humanos.
DESPLIEGUE DE FISCALES
Los manifestantes marchaban por diferentes calles de Lima sin mayores incidentes, bajo la vigilancia policial, que ha calculado unas 3.500 personas. Las muertes han sido un pararrayo en las protestas. Los manifestantes llevan pancartas llamando “asesina” a Boluarte y calificando como “masacres” las acciones de la policía.
Las protestas estallaron luego de la destitución y arresto el 7 de diciembre del expresidente izquierdista Pedro Castillo, quien intentó de forma ilegal disolver el Congreso. En las protestas se pide también la liberación del exmandatario.
La policía aumentó la vigilancia en vías de ingreso a Lima y los líderes políticos han llamado a la calma. La semana pasada el Gobierno prorrogó por 30 días más el estado de emergencia en Lima y el sur regiones de Puno y Cusco. Si bien Boluarte ha pedido “perdón” por las muertes en las protestas, ha reafirmado que no va a renunciar.
Grupos de derechos humanos han acusado a la policía y al Ejército de usar armas de fuegos mortales en la protestas. La policía dice, por su parte, que los manifestantes han usado armas y explosivos caseros. Cientos de personas que llegaron a Lima en los últimos días han sido albergados en la estatal Universidad de San Marcos, cuyos estudiantes tomaron en la víspera parte de la sede de la casa de estudios para apoyar las protestas.
