La presidente Comunal de Hersilia, Silvana Romero Junto al abogado Ignacio Alfonso Garrone presentaron la auditoria al gobierno anterior. Lo acusan por enriquecimiento ilícito, estafa y defraudación de caudales públicos.
“Son 11 delitos, estamos hablando de más de 100 millones de pesos el monto defraudado a la Comuna” manifestó el Dr. Alfonso Garrone en el marco de la conferencia informativa sobre los resultado de la auditoría.
Presentaron los resultados de la Auditoría de la anterior Gestión Comunal
La Pta. Comunal Silvana Romero junto al abogado Dr. Ignacio Alfonso Garrone brindaron una conferencia para informar sobre los resultados de la auditoría de los últimos cinco años de la anterior gestión comunal presidida por Celestino Nicolau.
La Pta. comunal remarcó las dificultades con las que se encontraron al momento de buscar la información requerido por los auditores: “No nos fue fácil acceder a la información porque el personal que tenía acceso a darnos información ya no estaba. La Secretaria Administrativa sacó licencia sin goce de sueldo a días de asumir la nueva administración así que no sabíamos cómo sacar la información. No nos quedó otra de revolver papeles y lo único que teníamos era el papel de corte”.
Seguidamente el Dr. Alonso Garrone detalló cómo era el manejo de la gestión auditada y que delitos aparecen en la denuncia presentada hoy en la fiscalía de San Cristóbal: “este trabajo de auditoría, en términos penales permitió detectar una falta de registración de los actos y falta de documentación facilitó la comisión de los distintos delitos que se denunciaron. Se libraron cheques cuando hay una ordenanza que prohíbe que los pagos queden para la administración posterior, estamos hablando de 3 millones de pesos en cheques de debe abonar la gestión actual.
Por otro lado esta falta de registración permitió que exista más de 50 millones de deudas referidas a tasas contribuciones que nunca se exigieron. También se observaron quita de intereses del 100 o 70 por ciento sin ningún elemento que lo acredite, ingresos de empleados sin certificado médico y muchas de las obras hechas fueron sin el llamado a licitación, se hacían compras directas, por ejemplo de siete vehículos.
Lotes destinados a la enajenación que debían ser ofrecidos al públicos pero se observa un reintegro de los lotes de forma discrecional. Estamos hablando de distintos delitos, desde incumplimiento de deberes de funcionario público, estafa en forma reiterada, malversación de los caudales públicos.
Fue presentada en la fiscalía de San Cristóbal y estamos evaluando la posibilidad de una denuncia por enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función pública.”
