El avance de la gripe aviar llevó a que una de las entidades del sector, la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), le pidiera al Gobierno que vacune de manera masiva a toda la población de aves comerciales argentinas.
CAPIA representa a los productores de huevos, un producto que prácticamente no se exporta, pero encontró un fuerte rechazo en la otra entidad que nuclea a firmas del sector: el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), que advirtió precisamente sobre la pérdida de mercados que podría ocurrir si se avance con la idea de la otra asociación.
Según indicó CAPIA en un comunicado, en una carta enviada al ministro de Economía, Sergio Massa; y de manera personal en una reunión que hubo este viernes con el Senasa y la Secretaría de Agricultura, se le “solicitó a las autoridades nacionales que instrumenten un plan para vacunar a toda la población aviar en el país y permitir, con esa medida, salvaguardar una situación de emergencia sanitaria que está poniendo ante una crisis al sector de producción de huevos por las pérdidas animales y económicas que genera”.
En este marco, CAPIA aseguró que el Estado se comprometió a iniciar el camino legal para contar con vacunas registradas en el país y evaluar su eventual utilización, siguiendo en todos los casos criterios sanitarios que se establecerán específicamente por la autoridad de aplicación.
VACUNACIÓN MASIVA
“Tuvimos una muy buena recepción de todos los actores. Y las autoridades están trabajando para disponer de las herramientas que permitirían aplicar, eventualmente, medidas sanitarias en este camino”, dijo el presidente de CAPIA, Javier Prida.
En la reunión de este viernes, las autoridades se comprometieron a que el Estado convocará por medio del Senasa a todos los laboratorios que producen a nivel global las vacunas que combaten algunos de los virus de Influenza Aviar, para que inicien los trámites que permitirían la aprobación de esos productos en la Argentina y se complete el registro de vacunas.
Una vez que concluya ese proceso, se planificará un banco de vacunas, que autorizará el Senasa, y que será a su vez el administrador de su eventual uso.
Finalmente, se convino que, llegado el caso que fuera necesario autorizar el uso de una de las vacunas aprobadas, el Senasa fijará los parámetros y criterios de autorización para una eventual aplicación.
“En CAPIA entendemos que sanitariamente, la vacuna es la solución al problema que enfrentamos. Somos conscientes de que la instrumentación de la vacunación generaría un perjuicio a otro sector, por su eventual impacto en el cierre de mercados para las exportaciones de productos frescos, y también al Estado por pérdida de divisas. Pero desde CAPIA entendemos que la vacunación, en el escenario actual del sector, con pérdidas permanentes y una gran incertidumbre, permitiría priorizar la comida de los argentinos y no solamente la agenda exportable del país”, sostuvo Prida.
LA RESPUESTA DE CEPA
Por su parte, CEPA también emitió un comunicado en el que reflejó: “Atento a la reunión mantenida con las autoridades del Senasa y dentro del debate que se realizó sobre la vacunación y los cambios en los protocolos referente a influenza aviar, CEPA vuelve a ratificar su posición con respecto a que ninguna vacuna de las que están en desarrollo ha demostrado resultados exitosos con su aplicación”.
Además, CEPA si bien reconoció que algunas de estas vacunas aparentemente otorgan mejoras en mortandad y en contener en parte los resultados productivos, no logran reducir la actividad viral y obligan a estar revacunando de manera permanente, algo que ya le fue advertido tanto a Massa como a las autoridades del Senasa.
Para el presidente de CEPA, Roberto Domenech, el pedido de CAPIA además luciría exagerado si se tiene en cuenta que “no hay ningún riesgo de que falte huevo ni pollo para el normal abastecimiento del consumo, los lotes afectados hasta el momento son aproximadamente el equivalente a 1,4 millones de animales sobre una población vigente y activa de 160 millones de aves”.
Fuente: Infocampo
