El juez de Reconquista, Santiago Banegas, se negó a homologar el acuerdo alcanzado entre el exsecretario privado del actual senador nacional Dionisio Scarpín, Marcelo Galáz, y una familiar en un caso de abuso sexual de menores. El argumento del jurista carecía de “libertad” para fallar en virtud de las declaraciones del procurador de la Corte Suprema de Justicia provincial que había adelantado que haría una investigación sobre el caso.
Banegas debía homologar el acuerdo entre Marcelo Galaz, exfuncionario de la Municipalidad de Avellaneda, y una mujer que ahora es mayor de edad y de la que abusó sexualmente desde sus 4 hasta sus 10 años.
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En el acuerdo que se alcanzó mediante un juicio abreviado, Galaz admitió los abusos, acordó una pena de 7 años de prisión y el pago de una indemnización de seis millones de pesos, con lo cual evitaba el juicio oral que lo exponía a una condena de 32 años de cárcel.
Sin embargo, Banegas se inhibió de firmar el acuerdo por declaraciones que el procurador de la Corte provincial, Marcelo Barraguirre, en las que dijo que iban a “conformar un legajo de actuaciones para poder investigar las responsabilidades judiciales” y anticipó que se investigaría “la responsabilidad del magistrado en avalar, al homologar un acuerdo de partes en estos términos”.
El 29 de abril pasado, salió a la luz un audio con la voz del entonces fiscal del caso, Aldo Gerosa, refiriendo que el senador provincial Orfilio Marcón le pidió que terminaran con el caso Galaz antes de comenzar la campaña electoral 2023, ya que había sido secretario privado del radical Dionisio Scarpín cuando era intendente de Avellaneda.
Ante las declaraciones de Barraguirre, el juez Banegas se inhibió mediante un escrito: “Me coloca en una encrucijada de la que no puedo salir indemne, careciendo de libertad para fallar conforme a mi leal saber y entender. Es por ello que corresponde inhibirme”, argumentó.
“Me encontraba dentro del plazo que establece la ley para dictar la sentencia, homologando y rechazando el acuerdo, cuando él procurador de la Corte Suprema manifestó que el martes 2 de mayo iba a conformar un legajo de actuaciones para investigar la responsabilidad judicial de mi figura”, explicó en Radio EME.
A su vez, indicó: “Por ley, tengo que garantizarles que voy a ser imparcial a la hora de resolver. Esto implica que será imparcial y no tendrá ningún tipo de interés personal. En este caso ya había perdido independiente e imparcialidad, porque lo que resolviera iba a determinar una nueva investigación en mi contra”.
Por su parte, sostuvo: “En consecuencia al código procesal penal, en el articulo 68, obliga a un juez que se sienta imparcial de apartarse e inhibirse. Esto genera que la causa pase a otro juez y aceptar mi inhibición o terminar rechazándolo. La jueza que aceptó mis fundamentos y tomó mi lugar, pero le sucedió lo mismo. Y esto ahora debió pasar a otro juez”.
En consecuencia a la inhibición del magistrado, la Oficina de Gestión Judicial debe remitir el expediente a un juez subrogante que podría quedarse con el caso o rechazarlo, con lo cual la decisión quedará en manos de la Cámara de Apelaciones.
