Los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno, quienes están a cargo de la investigación por una serie de extorsiones atribuidas al jefe narco Ariel “Guille” Cantero, presentaron una denuncia contra su colega Matías Edery por la “presumible comisión” de delitos de acción pública.
Se basa en la relación de Edery con una de las imputadas en el caso, Mariana Ortigala, quien está siendo investigada por participar en los aprietes a un empresario de los juegos de azar y como testaferra de Guille Cantero.
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La relación entre Edery y Ortigala se hizo evidente a través de mensajes de texto encontrados en uno de los teléfonos secuestrados durante la investigación. En ellos, Ortigala compartía información con Edery, lo que planteaba interrogantes sobre la naturaleza de su relación y si Edery había compartido adecuadamente esta información en el contexto de la investigación.
Los fiscales Socca y Moreno consideran que podría haber omisiones por parte del fiscal Edery al no denunciar adecuadamente hechos que podrían tener apariencia delictiva. Como resultado, se inició un legajo penal y se ha solicitado la intervención de la auditoría para investigar la conducta del fiscal Edery en este caso.
En la audiencia, también se mostraron chats del fiscal con otra imputadas Lorena Córdoba, viuda del rafaelino fallecido durante la pandemia David Perona -considerado zar del juego clandestino provincial- con mensajes sugestivos. Vale señalar que Córdoba está ahora imputada en el caso por extorsión al propietario de la agencia El Califa.
Ahora, voceros del Ministerio Público de la Acusación de Rosario informaron que “a partir de los datos presentados en la audiencia, los fiscales hacen una serie de inferencias entre la cuales podían haber omisiones de un fiscal, por lo que su obligación es hacer una denuncia ante cualquier hecho que tomen conocimiento y que pueda tener apariencia delictiva, sino ellos cometerían un delito”.
Finalmente, las fuentes judiciales señalaron que “se dispuso la iniciación de un legajo penal, además de la intervención de la Auditoría General de Gestión, ya que debe ser en ese ámbito donde se investigue la conducta del fiscal y donde pueda ejercer su derecho de defensa ya que no participaba de dicha audiencia”
