La Defensoría del Pueblo de Santa Fe reclamó al Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe para fiscalizar las actualizaciones que autoriza y que, según la denuncia de un grupo de padres y madres, llegarían al 200%. Esto surge luego de que en La Salle un grupo de padres se convoque para reclamar ante esta situación.
En contacto Radio EME, el defensor Jorge Henn confirmó que “Hay una responsabilidad del Ministerio de Educación de fiscalizar los establecimientos privados, hay una ley que regula los aranceles, criterios que tienen en cuenta las características económicas y sociales. Los establecimientos privados forman parte del sistema educativo y en su mayoría reciben aportes para financiar hasta el 80 por ciento de lo que gastan en su planta docente”.
Por otro lado, el entrevistado advirtió que “tiene que haber un registro de aranceles, tienen que proporcionar información de los aranceles que perciben, hay sanción por incumplimiento y hay un decreto de 2003 que establece topes máximos en aranceles que deben estar publicados en las páginas oficiales y por lo que he visto la última información es a mayo cuando hubo discusiones paritarias que presumiblemente impactaron sobre la cuota”.
Finalmente, Henn sostuvo que “La Defensoría tiene que representar los intereses de la comunidad educativa, de las familias, y la transparencia tierne que ser un mecanismo normal. En Santa Fe, hubo reclamos, pero uno tiene la sensación que es a pedido de parte, y no puede ser esto del que «no llora no mama». El ministerio intercedió para que una escuela baje la cuota, pero consideró que debería ser una acción constante y preventiva”.
