La investigación fue llevada adelante por los detectives del Departamento Delitos Fiscales, quienes tras un minucioso análisis de información digital y financiera, sobre 180 domicilios de empresas y personas físicas, como también diferentes tareas de campo, lograron dar con una red dedicada, en primer lugar, a efectuar maniobras de contrabando de mercadería declarada como ácido oleico, y posteriormente una triangulación internacional del dinero obtenido, a fin de darle apariencia de licitud.
Las pesquisas comenzaron durante noviembre del año 2021, a través de una serie de denuncias, por los delitos de contrabando y lavado de activos, realizadas por PROCELAC y por la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Aduanas en la justicia interviniente, donde informaban que un grupo de personas estarían operando con empresas que se encuentran en funcionamiento y otras “fantasmas”, cuyo fin era exportar subproductos oleaginosos (ácido oleico, ácido graso, entre otros) mediante mecánicas de triangulación nociva de facturaciones.
Todo ello tenía dos objetivos. Primero, obtener un beneficio económico mediante una diferencia de valor FOB entre la Aduana de nuestro país y la Aduana de la República de Chile. Por otro lado, dar apariencia de licitud a ese dinero producto de la maniobra de contrabando, mediante una triangulación financiera con firmas radicadas en Estados Unidos.
La organización se encontraba compuesta por al menos 45 personas y 19 empresas. Entre ellas, fue evidente para los investigadores notar que algunas firmas que simulaban ser exportadoras en la mecánica, eran creadas a los únicos fines de generar facturación, siendo “empresas fantasmas” que no presentaban la solvencia para acreditar las sumas millonarias de mercadería que comercializan.
Tras la investigación, los efectivos federales en conjunto con la Dirección General de Aduanas, pudieron individualizar a todos los socios y profesionales involucrados, lo que promovió desplegar diferentes tareas investigativas en el AMBA y las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
De esta manera, se logró evidenciar una organización criminal con ramificaciones en la República de Chile y Estados Unidos, la cual cometía delitos de contrabando de mercaderías, como así también el lavado de activos.
Una vez logrado vincular a todos los involucrados, se solicitó a la autoridad judicial impulsar las medidas procesales pertinentes a fin de lograr la obtención de material probatorio para la imputación de los sospechosos. De esta manera se logró identificar a gran cantidad de empresas e investigados como también el secuestro de varios equipos informáticos, celulares, dispositivos de almacenamiento digital, armas de fuego y documentación de interés, entre lo que se destacan despachos de exportación y estatutos de constitución de las firmas.
Según lo informado por la autoridad judicial las empresas que forman parte de la organización habrían perjudicado a las arcas del Estado en una suma superior a los USD 200.000.000, mientras que la Dirección Nacional de Aduanas pretende aplicarles las multas pertinentes.
