Se trata de Rubén Arnoldo Carlen y Raúl Francisco Carlen, de 70 y 66 años respectivamente, a quienes se les impusieron tres años de prisión de cumplimiento condicional, multas económicas y la obligación de pagar todas las obras necesarias para recomponer el ambiente. Así fue resuelto en el marco de un juicio oral y público que finalizó hoy en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
La sentencia fue dispuesta por la jueza Celeste Minniti en el marco de un juicio oral y público que finalizó hoy en los tribunales de ciudad de Santa Fe. Además de condenar a los empresarios, la magistrada absolvió a una mujer de 63 años que es vicepresidenta titular de la misma explotación arrocera.
La jueza ordenó además que los condenados y su empresa afronten económicamente “la realización de todas las obras necesarias y pertinentes a fin de recomponer el ambiente al estado anterior de las obras realizadas, respecto de la afectación de la cuenca del arroyo Saladillo Dulce y su valle de inundación”.
En ese sentido, la magistrada especificó que “la elaboración del programa de remediación quedará a cargo de la provincia, por intermedio de los organismos competentes o, en su caso, por entidades públicas o privadas con capacidad para ello”, y aclaró que se deberán contemplar parámetros científicos actuales.
Por otro lado, entre las normas de conducta que la jueza les impuso a los condenados está la obligación de capacitarse en el cuidado del medioambiente y/o en el uso racional del agua.
Los fiscales Bárbara Ilera y Ezequiel Hernández remarcaron que “el debate fue intenso y contó con la participación de especialistas que brindaron precisiones sobre el daño causado”.
Durante el proceso lograron demostrar que, para mejorar sus rindes, los condenados llevaron a cabo obras ilegales, con la deliberada intención de modificar el cauce natural del arroyo Saladillo Dulce. Alrededor del predio rural en el que está instalada su empresa, los hermanos Carlen levantaron terraplenes de más de seis kilómetros de extensión que, en algunos tramos, superan los dos metros y medio de alto.
También construyeron canales de riego y desagûes que provocaron el endicamiento de las aguas del Arroyo Saladillo e impidieron su normal escurrimiento. Los trabajos se iniciaron en 2007 sin la autorización correspondiente de los organismos públicos competentes y, pese a reiteradas intimaciones para que los deshagan, sostuvieron las obras con el riesgo que ello implicaba y se hizo manifiesto con la inundación de campos aledaños y la destrucción de una parte de la ruta 1 en 2019
En enero de 2019, la situación irregular llevó a que se generara un dique aguas al norte de los terraplenes y que una alcantarilla localizada en el kilómetro 190 de la ruta provincial número 1 superara ampliamente su capacidad. como consecuencia, se derrumbó un tramo de la vía de comunicación.
Los fiscales hicieron hincapié en que “las obras ilegales produjeron la inundación de campos ubicados al norte del predio de la industria arrocera”. A su vez, “las circunstancias atípicas hicieron peligrar el casco urbano de Colonia Teresa”, concluyeron.
