Mediante el decreto número 46 firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el Ministro de Trabajo Roald Báscolo, el Poder Ejecutivo intervino la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado.
En sus considerandos, se sostiene que existen “incumplimientos por parte del Directorio de las funciones legalmente atribuidas, lo que constituye causal de intervención”.
“Que, a su vez, el artículo 62 de dicho cuerpo normativo, en su último párrafo, regla a potestad exclusiva del Poder Ejecutivo de intervenir la Caja ante el referido incumplimiento por parte del Directorio de las competencias asignadas por la ley o mal comportamiento de sus miembros”.
“Que, en función de las denuncias y constantes reclamos por parte de los afiliados y beneficiarios que han llegado a conocimiento de este Poder Ejecutivo, la Caja estaría presentando irregularidades en su administración que se traducirían en incumplimientos de sus deberes; lo que provocaría graves perjuicios y afectación de derechos para los beneficiarios”.
Sostiene además “que, asimismo, resulta de público y notorio conocimiento la omisión de convocar con la debida antelación a elección de los vocales, lo que atenta contra la normal y regular renovación de los mandatos de los miembros del Directorio; desconociéndose así lo normado”.
En el artículo 2 se designa como Interventora de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado a la Contadora Pública Lorena Teresita ULIELDIN, Clase 1984, CUIL N° 27-30380153-2, desplazando en sus funciones a los miembros del Directorio de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado.
