“Ni un paso atrás” fue la consigna con la que la Confederación General del Trabajo (CGT) respondió a la victoria electoral de Javier Milei, tras vencer a Sergio Massa.
Un mes después de aquella conferencia del 23 de noviembre, la central obrera insignia del peronismo se movilizará mañana hacia el Palacio de Tribunales para pedir la derogación del mega-DNU de Milei.
Si bien hubo pedidos por parte de sectores intransigentes para que haya una marcha masiva, finalmente se tratará de una convocatoria a la que intentarán darle una gran carga simbólica.
En tanto, el diálogo entre el Gobierno y la CGT fue fluido hasta el decretazo del miércoles pasado.
En el ala dialoguista del triunviro argumentaron que la reforma laboral que pretendía Milei no abarcaba derechos adquiridos, sin embargo, pegó de lleno el modelo sindical vigente. Puntualmente, en los aportes que realizan los afiliados y no afiliados (cuotas solidarias).
El documento gubernamental dice que solo podrán hacerse “sólo si existe un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”. Además del límite a los convenios colectivos de trabajo.
En el comunicado de la semana pasada, la CGT advirtió que el Gobierno “ha decidido subvertir el orden constitucional al pretender legislar arrogándose la suma del poder público y, al igual que hizo en su discurso de asunción, dar la espalda al Congreso de la Nación”.
La decisión de la movilización se dio luego de una reunión con legisladores de Unión por la Patria y la cancelación de un encuentro con el ministro de Interior, Guillermo Francos, la muñeca política de Milei.
A la CGT se plegará también la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Ayer, ATE, de Rodolfo Aguiar, anunció que se sumará. Se trata de uno de los gremios más afectados por otro DNU que promovió el Ejecutivo en las últimas horas, que cancela las contrataciones estatales efectuadas desde el 1 de enero en adelante.