Poco antes de terminar su mandato, Alberto Fernández dictó un decreto que le concedía custodia de por vida a él y a sus familiares, incluso afuera del país.
Apenas 24 horas antes de dejar el poder, el exmandatario modificó un decreto de 2019 -el número 735-, que él mismo había firmado en diciembre de ese año, y amplió las funciones de la Casa Militar para que cuide a todos los exmandatarios y a sus familiares directos en todo el planeta y en forma vitalicia.
Este miércoles por la tarde a través de la red social X, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, escribió: “Vamos a una Argentina austera. Basta de gastos inútiles y privilegios para pocos que pagamos todos”, y compartió el documento que acredita la correspondiente derogación.
El texto, difundido por la misma Bullrich, sostiene que la medida tomada por Fernández horas antes de dejar el poder “implicó la reestructuración de cuestiones operativas y presupuestarias que resultan contrarias al uso eficiente de los recursos y el erario público, en detrimento de las políticas impulsadas por el Estado Nacional”.
En las últimas horas se había realizado la primera presentación ante la Justicia en contra del mencionado decreto. La Fundación Apolo, ligada al partido Republicanos Unidos que tiene como uno de sus principales referentes al ahora ministro porteño Roberto García Moritán, había presentado una cautelar y un amparo para frenarlo.
El escrito pedía que el tribunal ordene al Poder Ejecutivo o a la autoridad pública que tome parte del asunto cesar y/o abstenerse de aplicar la medida que calificaron “irrazonable”.
Además, según destacan en la denuncia, el decreto no identificaba cuáles son las personas/funcionarios que la Casa Militar deberá proveer de seguridad personal, ya que la figura de “ex mandatarios”, consideraron, resulta imprecisa y no jurídica.
