El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, derrumbó esta mañana otro puesto de venta de drogas, ubicado en el corazón de manzana de Riobamba al 5000 de la ciudad de Rosario, en un procedimiento que se realizó en el marco de la nueva Ley de Microtráfico, aprobada en los últimos días de 2023. Es el sexto derrumbe en lo que va del año.
Con la nueva normativa los fiscales del Ministerio Público de la Acusación deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.
En el lugar estuvo presente el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien aseguró que “somos muy cuidadosos de cumplir con el mandato judicial de desactivar coercitivamente el punto de venta y bloquearlo físicamente sin afectar a ninguna persona no abarcada por dicha orden, pero también hay que destacar la importancia de tener policías en la calle, porque más allá de las derivas investigativas que está siguiendo la fiscalía, ésto se produjo por una intervención que se origina en una persecución de flagrancia de la policía motorizada y termina en un hallazgo casual de personas comercializando pequeñas cantidades de estupefacientes”, repasó.
El ministro destacó también que “nuestra política no es derrumbar por derrumbar, sino de tomar las medidas para desactivar el punto de venta e inactivar físicamente las instalaciones. Acá se opera en el sistema cautelar o coercitivo, pero lo fundamental para nosotros es intervenir de manera inmediata en la desactivación física del punto de venta”, reiteró.
Por último, Cococcioni agregó que “nos vamos a meter donde haya evidencia de que hay punto de venta porque no toda la gente que vive en un barrio es culpable de lo que haga el vecino; ésto se trabaja con la Justicia Federal y el Poder Ejecutivo, porque el microtráfico no puede escindirse de lo que es una persecución macro de los estratos superiores de la comercialización de estupefacientes, pero sí la política es que esa investigación no puede obstaculizar la intervención directa en el territorio”.
La demolición del búnker de hoy se resolvió el 28 de enero, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde se realizó una audiencia a cargo de la fiscal Bassagaisteguy, y en la que el juez Rodrigo Santana dispuso, a pedido de la Fiscalía, “el derribo, desalojo y restitución inmediata a sus legítimos poseedores o tenedores de la instalación de calle Riobamba al 5000”.
