El fiscal de Rosario Matías Edery, conocido por haber logrado llevar a juicio y condenar a importantes bandas del crimen organizado, fue imputado en la tarde de este viernes por dos colegas de la ciudad de Santa Fe, Bárbara Ilera y María Laura Urquiza. Le atribuyeron haber omitido investigar a su informante Mariana Ortigala, quien está presa desde septiembre del año pasado, cuando la acusaron de haber cometido extorsiones a pedido del líder de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero, de quien se sospecha que también es su prestanombre.
La audiencia se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, donde las fiscales acusaron a Edery por los delitos de omisión de investigar en reiteradas oportunidades, encubrimiento agravado, violación de medios de prueba y prevaricato en reiteradas ocasiones. La imputación se hizo a puertas cerradas, sin juez, por lo que no se solicitaron medidas cautelares.
En la previa de la audiencia, personal del Organismo de Investigaciones realizó una nueva inspección en las oficinas de la Agencia de Criminalidad Organizada donde trabaja el fiscal –ya hubo otro operativo en noviembre pasado, donde se le incautó el teléfono a Edery y a una empleada– con el único objetivo de secuestrar documentación requerida por Ilera y Urquiza.
Según el comunicado enviado por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, entre julio de 2019 y septiembre de 2023 (fecha de corte porque allí fue detenida su informante), el fiscal dejó de perseguir penalmente a varias personas –entre las que se encuentra Mariana Ortigala y su hermano Rodrigo, ambos testigos clave en el juicio contra el capo narco Esteban Lindor Alvarado, que fue condenado a prisión perpetua–, “a sabiendas de que existían elementos que acreditaban su participación en hechos ilícitos”.
Ilera y Urquiza también atribuyeron “haber asesorado a partes contrarias en un mismo juicio, en forma simultánea, actuando y velando por los intereses del imputado y perjudicando deliberadamente las causas que tenía confiadas en función de su cargo de fiscal”. En esta parte del documento no hicieron alusión precisa a qué debate oral y público se hacían referencia, aunque investigadores judiciales sugirieron que podría ser por la causa por el crimen del casino City Center, ocurrido en enero de 2020, motivo por el que llegó a ser condenado a un año y medio de prisión Rodrigo Ortigala.
El hermano de la informante, según el expediente, no tuvo relación alguna con el homicidio del gerente bancario José Enrique Ensino que cometieron Los Monos para extorsionar a las autoridades del casino para pedirle dinero, pero quedó envuelto en la misma investigación porque había “marcado” a la banda para que vaya a intimidar a un financista para sacarle plata.
El origen de la acusación contra Edery es la denuncia que elevaron dos colegas suyos de Rosario, Miguel Moreno y Pablo Socca, quienes imputaron en septiembre pasado a Mariana Ortigala y a distintos integrantes de Los Monos –además de su líder, “Guille” Cantero– por haber llevado adelante en dos secuencias temporales diferentes ataques incendiarios y a tiros contra distintas sucursales de una agencia de quinielas de Rosario.
Al momento de su arresto, Mariana Ortigala señaló ante la Policía que uno de los teléfonos que tenía en su domicilio de un barrio abierto de la ciudad de Funes era exclusivamente utilizado para pasarle información al fiscal Edery.
El celular en cuestión fue peritado y los fiscales Socca y Moreno expusieron un presunto vínculo informal entre Ortigala y Edery, ya que en Santa Fe no se encuentra regulada la figura del informante, puesto que la provincia no adhirió a la legislación nacional.
En los chats que fueron expuestos en la audiencia pública se pudo ver que la mujer pasaba información de delitos que cometían Los Monos y también organizaciones rivales. Los fiscales Socca y Moreno reprocharon que independientemente de la presunta irregularidad del rol que tenía la mujer, Edery no compartió la información sensible que le había mandado a él sobre expedientes en los que intervenían otros colegas.
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El fiscal imputado se defendió de la acusación a través de un escrito de 300 páginas que ya fue presentado ante la Legislatura santafesina, donde en paralelo cursa un proceso disciplinario, donde el diputado provincial Fabián Palo Oliver lo acusó por los hechos ventilados y sugirió una suspensión en su puesto de trabajo por el plazo de 120 días, período en el que tendrá una quita del 50 por ciento de su sueldo.
La actuación administrativa contra el funcionario acusado será tratada en la comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura y una vez que haya dictamen se elevará para tratar en una sesión conjunta de la Cámara.
El viernes de la semana pasada, en una entrevista con Canal 3, Edery manifestó: “No cometí ninguna irregularidad. Es una gran equivocación o una terrible operación la que me están haciendo, de imputarme a mí después de venir a estos juicios contra bandas criminales, ponerme en riesgo en virtud de que imagínense que condeno a estas personas y me dicen que colaboro con ellos”.
El fiscal añadió que “hay mucha hipocresía” en el caso, ya que aseguró que se conocía la situación de que Ortigala le pasaba datos porque él había elevado ante sus superiores ese hecho.