Muchos llegaron a Estados Unidos en busca de una vida mejor, y encontraron trabajo
rellenando baches en un puente en plena noche, y acabaron muertos en el puerto de Baltimore, tras el choque del buque portacontenedores.
Las seis víctimas del derrumbe del puente Francis Scott Key eran migrantes procedentes de México y Centroamérica, que realizaban el tipo de trabajo agotador que aceptan muchos extranjeros, cuando el barco estrelló contra un pilar de apoyo en la madrugada del martes y los precipitó al helado río Patapsco.
Al día siguiente, los buzos sacaron los cadáveres de Alejandro Hernández Fuentes y Dorlian Castillo de una camioneta roja a siete metros bajo el agua.
Hay cuatro desaparecidos, presuntamente muertos: el hondureño Maynor Suazo, el guatemalteco José López, el salvadoreño Miguel Luna, y otro cuyo nombre no se reveló.
La noticia se extendió rápidamente por la comunidad hispana de Baltimore, cuyo tamaño se duplicó en los últimos años, transformando los modestos barrios de casas adosadas cercanos al
extenso complejo portuario.
Las iglesias realizaron vigilias por los trabajadores desaparecidos y los grupos de defensa recaudaron rápidamente 98.000 dólares para las familias de las víctimas.
Algunos dijeron que no les sorprendía que todas las víctimas fueran migrantes, a pesar de que representan menos del 10 por ciento de la población de la ciudad más grande de Maryland.
“Una de las razones por las que los latinos se vieron implicados en este accidente es porque los latinos hacemos el trabajo que otros no quieren hacer”, dijo Lucía Islas, presidenta del Comité Latino de Baltimore, un grupo sin fines de lucro.
Los trabajadores hispanos tienen más probabilidades que otros grupos raciales y étnicos de morir en el trabajo, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, siendo la construcción un sector especialmente mortífero.
Los trabajadores del puente Key estaban empleados por Brawner Builders Inc, una empresa de construcción local que realizó extensos trabajos para el estado y que fue citada siete veces
desde 2018 por violaciones de seguridad.
Líderes comunitarios dijeron que muchos hispanos en la ciudad aceptan trabajos mal pagados que brindan escasos beneficios.
“Muchos no valoran a nuestra comunidad hispana. Nos ven como animales o piensan que vivimos del Gobierno. Pero eso no es cierto, nosotros también pagamos nuestros impuestos”, afirmó Carlos Crespo, de 53 años, un mecánico de México.
