Se los acusa de haber recibido montos dinerarios superiores a los que les correspondían por la distribución del denominado “Fondo del 30%”. Además hay otras cuatro personas identificadas, una de las cuáles es investigada por la autoría de las defraudaciones. Las maniobras fraudulentas fueron por un total de 38.337.865 de pesos, monto que al ser actualizado por inflación asciende a 100 millones de pesos.
En el marco de la investigación iniciada por una denuncia presentada por el Consejo de Administración del Hospital Iturraspe, resultaron imputados 10 empleados de ese centro de salud, acusados de haber sido partícipes necesarios de un fraude a la administración pública. Las atribuciones delictivas fueron realizadas por el fiscal Federico Grimberg en la sede de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1.
Son cuatro mujeres y seis hombres que transitarán el proceso judicial en libertad. Hay otras cuatro personas identificadas, una de las cuáles es investigada por la autoría de las defraudaciones.
Según explicó el Fiscal Grimberg, “las maniobras se concretaron al menos entre enero de 2020 y octubre de 2023”. “Cesaron tras la denuncia que dio origen a la investigación, radicada por el Consejo de Administración del Hospital Iturraspe, que advirtió las irregularidades”.
Además afirmó que “a sabiendas de que era ilegal, los partícipes necesarios recibieron en sus cuentas bancarias montos de dinero superiores a los que les debían acreditar por la distribución del comúnmente denominado ‘Fondo del 30%’”. Según explicó, “se trata de la recaudación que surge de los servicios brindados en el efector a usuarios de obras sociales, mutuales, empresas de medicina prepaga, seguros de accidentes, medicina laboral y otras entidades similares”.
“Durante años, el hombre investigado como autor de los ilícitos remitió al Consejo de Administración el detalle de las liquidaciones con información verídica acerca de cuánto dinero le correspondía a cada uno de los empleados activos del hospital y luego tergiversó las listas al contactarse con la entidad bancaria mediante la cual se realizan los pagos”, especificó Grimberg.
Relató que “el responsable de enviar el archivo al banco para materializar las transferencias alteraba datos tales como montos dinerarios, números de cuenta bancaria, números de DNI y nombres originariamente consignados”, y agregó que “en función de ello se concretaban transferencias a personas que no debían recibirlas y por montos que no eran los previamente informados y aprobados”.
El funcionario del MPA indicó que “el fraude fue por un total de 38.337.865 de pesos –monto que, actualizado por inflación, asciende a 100 millones de pesos–, contemplando las cifras recibidas por el Fondo del 30% en cuentas de las que son titulares los investigados como autor y partícipes necesarios de las conductas delictivas”.
