El fiscal Juan Manuel Puig, de la Fiscalía Regional N°5 de la ciudad santafesina de Rafaela, imputó a 8 empleados de la cooperativa láctea SanCor de la planta que funciona en Sunchales por los delitos de “amenazas calificadas por el propósito de compeler a otras personas a hacer abandono de su lugar de trabajo”. Entre las razones para decidir la imputación, Puig también incluyó los cargos por “usurpación por turbación de la posesión” y “amenazas coactivas”.
Este conflicto entre la cooperativa y sus trabajadores lleva varios meses, con protestas potentes del sindicato del sector ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina). La semana pasada se habían realizado audiencias imputativas y en las denuncias de Sancor están involucradas alrededor de 40 personas -casi todas del cuerpo de delegados- que bloquearon la principal planta de la cooperativa e impidieron que los empleados pudieran acceder a su trabajo con normalidad. Hace diez días, además, el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), apoyó las seis denuncias que hay en curso contra las medidas sindicales.
La decisión de la cartera de Seguridad provincial de enviar fuerzas policiales en el mes de febrero de este año se dio luego de que el ministro de Trabajo santafesino, Roald Báscolo, asegurara tras una visita a la planta que no iban a permitir bloqueos por parte de distintas agrupaciones gremiales reavivó el conflicto.
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Los bloqueos gremiales comenzaron en octubre de 2023, aunque ya antes, en 2017, habían existido situaciones del mismo tipo. En los primeros días de ese mes ante la caída de un fideicomiso que se iba a crear para afrontar el pago de abultadas deudas de SanCor, desde el sindicato lechero empezaron asambleas de 4 horas por turno que complicaron la producción y la comercialización de sus productos, ya que al tratarse de un proceso continuo debieron descartarse más de 100 mil litros de leche.
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En esos primeros días de octubre, según fuentes de SanCor, “hubo muchas agresiones, mucha violencia, pero por miedo no se hicieron denuncias”. Después la situación se hizo insostenible y se decidió apelar a la vía judicial. “Sabemos donde vivís y te vamos a ir a buscar”, les dijeron a varios productores que proveían a la cooperativa.
La conciliación obligatoria que se había dictado en diciembre puso en pausa la puja entre las partes. A comienzos de año, pese a que se empezaron a pagar las deudas de la cooperativa, las amenazas contra los trabajadores para que no vayan a trabajar continuaron.
Para el cuerpo de delegados de ATILRA en Sancor, en cambio, la presencia policial significó “una escalada de intimidación”. En una carta abierta dirigida al gobernador Maximiliano Pullaro, los delegados denunciaron que el ministro Báscolo incurrió en “un grave incumplimiento de sus deberes de funcionario público” y que intentó “sofocar el reclamo laboral”. Incluso recibieron el respaldo de la delegación Rafaela de la Confederación General del Trabajo, que emitió un comunicado con fuertes críticas hacia el mandatario provincial.
En SanCor aseguran que incluso en solicitadas del gremio liderado por Héctor Ponce -es el secretario general desde hace 22 años- “se blanqueaba la intención de fundir a SanCor, de vencerla y de terminar recomprándola a través de fondos cercanos a ellos.” Apuntan a que esos fondos provendrían de un estudio jurídico de Rosario que pretende armar otro fideicomiso para quedarse con la empresa.
Las denuncias no alcanzan solamente a la planta ubicada en Sunchales, que es la más importante en cantidad de empleados y en producción. También en las de Devoto y de Balnearia, donde se realizaron asambleas en medio de la conciliación obligatoria, algo que la ley no permite, se produjeron hechos irregulares. SanCor debió cerrar otra planta, la de San Guillermo, que había reabierto luego de tres años, debido a las presiones sindicales.
Cuando el gobierno santafesino dispuso reforzar la seguridad en Sunchales, el ministro Báscolo explicó que “lo que se acordó con la empresa es un operativo policial cuando entran y salen los camiones que llevan y traen la leche para que puedan garantizar el correcto funcionamiento de la empresa. Además de eso, los empleados que quieren trabajar. Sencillamente, es eso. Garantizamos entrada y salida de los vehículos y que el personal pueda ir a trabajar”, aseguraron en el ministerio de Justicia y Seguridad provincial.
“Nosotros respetamos el derecho a huelga habiendo planteos de trabajadores que no cobraron la totalidad de su salario”, agregó el funcionario.
