Luego de la presentación de un informe elaborado por el gobierno provincial con el objetivo de implementar acciones para reducir el ausentismo docente en la provincia de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro se refirió al impacto económico que implica para el Estado el pago de los reemplazos.
Pullaro indicó que “el año pasado sobre 400.000 millones de pesos que se pagaron de salario a los docentes, 100.000 fueron de reemplazos -monto que proyectado en este año serían 250.000 millones de haberse mantenido las mismas condiciones-; que tuvo un impacto del 32 % más en la masa del total”.
En ese sentido, el Gobernador marcó que la suma total de los reemplazos docentes otorgados sólo en octubre del año pasado, sumaron “86.000 días: 235 años”. Y puso como ejemplo que en total se otorgaron “18.000 días por cuidar a la suegra, al sobrino, o al tío”. En ese sentido, insistió en la magnitud de las cifras: “El ausentismo en nuestra provincia duplica y hasta triplica a los de otras provincias”, señaló. Y marcó que mientras en Santa Fe el año pasado reemplazar a docentes que no fueron a trabajar implicó para la provincia tomar un 25 % más de personal, por la misma situación en Provincia de Buenos Aires se necesitó un 12 % más.
Las declaraciones de Pullaro se dieron en el marco de la presentación del programa Abre Escuelas: “Estamos hablando de construir 1.000 aulas, de más conectividad, de reparaciones en 3.500 edificios, del aumento del 109% de lo que es la copa de leche y la ración de comida. Bueno: se nos fue en un año en reemplazos”, señaló.
No obstante, el gobernador reconoció que no todos los reemplazos son injustos “o que no se tengan que seguir llevando adelante, porque hay personas que por la función tienen problemas de salud”, pero remarcó que las irregularidades “no son culpa de los docentes ni de los maestros. Quiero ser muy claro: es culpa del sistema, porque acá hubo un sistema que permitió esto”.
Controles
Posteriormente, durante la rueda de prensa el mandatario recordó que “este gobierno y este equipo se comprometió a administrar de manera eficiente los recursos del Estado, y eso es controlar y comprometernos”, y afirmó que “si nosotros ahorramos esos 250.000 millones de pesos este año, van a quedar en el sistema educativo, y servirán para premiar a los que van a laburar, a los que no faltan”.
En ese sentido, aclaró que “entendemos que algunos puedan en algún momento tener que cuidar a algún familiar, pero creemos que al no haber controles en los últimos cuatro años se cruzó la línea y se quebraron límites. Y eso lo pagamos todos, porque después nos pasa como el año pasado, cuando teníamos 235 escuelas que no tenían gas y que no empezaban las clases por eso. Y esto tiene que ver con el descontrol del sistema, y este gobierno va a poner mucho esfuerzo en controlar y también acompañar a los que quieren trabajar, porque hay docentes que aman su profesión, y a esos los vamos a priorizar y son los que con nosotros van a mejorar hasta su salario”.
Entre otras medidas que se están llevando adelante, a partir de este informe, está que se modificó el formulario de Declaración Jurada de familiares a cargo, y se informó a todo el personal que solo podrán cargar en el sistema los que cumplan con las disposiciones vigentes. Las excepciones deberán tratarse personalmente.
Además se están haciendo controles estrictos sobre las licencias por enfermedad del personal docente, que implican auditorías médicas aleatorias en domicilio y consultorio; y la incorporación del sistema de alerta por reiteración de pedidos de licencia del mismo docente.
También se puso un límite al otorgamiento de licencias en este punto: se dejó sin efecto el artículo 500-5 que posibilitaba pedir licencias en la emergencia por Covid y que seguía vigente. Y se circunscribió el otorgamiento de licencias por Artículo 60, de causas no previstas, a lo estrictamente reglamentario. Esto es porque se detectó que se daban licencias para realizar viajes, o no se identificaban motivos.
