La empresa agroexportadora Vicentin SAIC y catorce de sus ex directivos fueron imputados por el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, en el marco de una causa por fraude fiscal. Se sospecha que la empresa habría cobrado reintegros de IVA por un total de $140 millones entre 2016 y 2019 mediante la presentación de facturas truchas.
La imputación se produce en el marco de una investigación iniciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que detectó irregularidades en las declaraciones juradas de IVA presentadas por Vicentin. Según la denuncia, la empresa habría utilizado facturas de proveedores inexistentes para justificar gastos inexistentes y así obtener reintegros de IVA a los que no tenía derecho.
La imputación de Vicentin SAIC es un hecho de gran trascendencia, ya que se trata de una de las empresas agroexportadoras más importantes del país. El caso está siendo seguido de cerca por los medios de comunicación y la opinión pública, y se espera que tenga un importante impacto en el sector agroindustrial.
Detalles de la imputación
La imputación contra Vicentin SAIC y sus directivos se basa en una serie de pruebas reunidas por la AFIP, entre las que se encuentran:
- Facturas emitidas por proveedores inexistentes
- Documentación contable falsificada
- Declaraciones juradas de IVA con inconsistencias
La AFIP estima que el fraude fiscal cometido por Vicentin SAIC asciende a un total de $140 millones.
“Se trató de un aprovechamiento indebido”
Al respecto, el juez Aldo Alurralde indicó en Radio EME que los ex directivos fueron procesados por ser considerados coautores penalmente responsables del delito de aprovechamiento indebido de beneficios Fiscales.
“Es una causa donde la denunciante, la AFIP, contra 14 integrantes del directorio y la firma Vicentín. Durante varias tareas de fiscalización observaron que la empresa había contratado proveedores apócrifos e inexistentes en muchos casos, habían hecho contrataciones y pedido reintegros de lo que es un beneficio fiscal que se otorga del estado nacional”, explicó.
A su vez, precisó: “Se trató de un aprovechamiento indebido de este beneficio fiscal generó un perjuicio por los periodos 2016 a 2019, estimado en 143 millones de pesos”.
En tanto, mencionó: “A partir de la denuncia, se delegó la causa a fiscalía general y se realizaron todas las medidas probatorias. Además, se los indagó a los directores por el delito. Restaría someterlos a un proceso. Faltaría conocer la decisión de la cámara”.
Por último, Alurralde comentó: “La sanción sería un embargo dispuesto a cada uno de ellos de 100 millones de pesos. Es una medida preventiva que se les aplicaría a los directivos”.
