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miércoles, febrero 19, 2025

Estados Unidos: castración quirúrgica para condenados por delitos sexuales contra menores

De aprobarse, el Estado de Louissana sería el primero del país norteamericano en aplicarlo.

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En un movimiento sin precedentes en los Estados Unidos, legisladores de Luisiana han aprobado un proyecto de ley que podría llevar a los condenados por delitos sexuales contra menores a someterse a castración quirúrgica. La medida, que ahora está en manos del gobernador Jeff Landry para su aprobación final, ha generado un intenso debate sobre la efectividad y la ética de tal castigo.

El proyecto de ley, propuesto por la senadora demócrata Regina Barrow y respaldado por una abrumadora mayoría en la asamblea legislativa del estado, permitiría a los jueces ordenar la castración quirúrgica para los condenados por delitos sexuales graves contra menores de 13 años. Esto incluiría delitos como la violación u otros actos de abuso sexual.

Si se convierte en ley, Luisiana sería el primer estado en los Estados Unidos en permitir la castración quirúrgica como castigo para delitos sexuales contra menores. Aunque algunos estados ya tienen leyes que permiten la castración química, que implica el uso de medicamentos para bloquear las hormonas, esta medida sería mucho más intrusiva y permanente.

Sin embargo, la propuesta ha sido objeto de fuertes críticas por parte de grupos de derechos civiles y de defensa de los derechos humanos, que argumentan que la castración quirúrgica es una medida extrema y cruel. Sandy Rozek, portavoz de la National Association for Rational Sexual Offense Laws (NARSOL), calificó la medida de “ineficaz en el mejor de los casos y salvaje en el peor”.

A pesar de las críticas, los defensores de la medida, incluida la senadora Barrow, argumentan que es necesaria para proteger a los niños y garantizar la seguridad pública. Se espera que el gobernador Landry tome una decisión en las próximas semanas, mientras tanto, el debate sobre la implementación de medidas más severas contra los delitos sexuales contra menores continúa en Luisiana y en todo el país.

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