La Cámara de Diputados sancionó la ley que declara hasta el 31 de diciembre de este año “en estado de emergencia a la prestación del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento por parte de Aguas Santafesinas S.A. en el ámbito de la provincia de Santa Fe”.
La iniciativa esgrime como fundamento que es para “atender en forma urgente la grave situación deficitaria que atraviesa Aguas Santafesinas S.A. de modo de propender a la preservación de la sostenibilidad ambiental, social y económico-financiera de la prestación del servicio, asegurando su continuidad, regularidad, generalidad y obligatoriedad”.
Asimismo, se deja expreso que la emergencia la puede prorrogar el Poder Ejecutivo a través de un decreto por un año más, es decir hasta el 31 de diciembre de 2025.
La sanción de la ley llegó con un fuerte debate y una votación dividida de 28 a favor (el bloque oficialista de Unidos), 18 negativos (PJ, Somos Vida, Frente Amplio por la Soberanía) y una abstención, el diputado Juan Argañaraz.
La norma, sancionada hace semanas en el Senado, determina que durante el período de emergencia el Poder Ejecutivo podrá elaborar las definiciones específicas, fijar los valores, precios, cargos y componentes tarifarios en las distintas modalidades del servicio y categorías de usuarios, el régimen de subsidios, la aplicación de nuevas alternativas que tiendan a la cobertura de los costos de explotación y toda otra distinción o categorización que se considere justa, razonable y oportuna”.
En el debate, el diputado Carlos del Frade dijo que quedaba claro que el gobierno provincial se llevaba una derrota porque “nadie quería acompañar el proyecto” que delega facultades en el Poder Ejecutivo.
Recordó que el acceso al agua es un derecho universal, entonces “¿como se cuenta entonces el déficit? se preguntó el legislador.
Antes, el radical Dionisio Scarpín, como integrante de la mayoría oficialista, mencionó que “hay que asumir costos políticos hoy para garantizar sanear a la empresa Aguas Santafesinas y revertir su actualidad”.
Al justificar su voto en contra, el peronismo utilizó los discursos de los diputados Marcos Corach y Lucila Deponti. En el primer caso, mencionó que el gobierno empieza a utilizar sus mayorías para imponer leyes y consideró que la emergencia es “apresurada e inconsulta” e impone por ejemplo un aumento de 3958 % del agua en bloque.
La norma también indica que antes de la finalización de la emergencia “el Poder Ejecutivo deberá elaborar una propuesta de nuevo marco regulatorio del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento que deberá ser elevado a la Legislatura de la Provincia de Santa Fe para su tratamiento”.
