El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), tomó posesión de bienes incluidos en la causa Spaggiari en Rafaela. Los mismos, fueron secuestrados y trasladados a los depósitos de la agencia para su custodia.
La denominada Causa Spaggiari tiene como imputados a 8 personas que administraban una inmobiliaria a través de la cual se habrían realizado reiteradas estafas. Los fiscales del MPA investigan más de 400 denuncias de familias de Rafaela y la región, de delitos presuntamente cometidos bajo el engaño del sistema de estafa piramidal.
Los bienes incautados están valuados en $ 50 millones y estaban guardados en un galpón ubicado en Ripamonti y Francia de la ciudad de Rafaela.
Entre lo secuestrado por Aprad hay una camioneta Ford Ranger y gran cantidad de materiales para la construcción: 30 pallets de porcelanato, bolsas de cemento, herramientas varias, carretillas, perfiles para la construcción y mobiliario entre otros. Por disposición de la fiscalía, la Agencia provincial trasladó el material a sus depósitos para su custodia y definir el destino.
Procedimiento
“Estas acciones se enmarca en el pedido hecho por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno Fabián Bastia en pos de debilitar a las organizaciones criminales pegándoles donde más les duele, que es en su poder económico”, aseguró el secretario de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, tras encabezar el procedimiento. En sintonía, indicó: “Lo primero que debemos ver es la causa para saber si se debe o no resarcir a alguna víctima. Si ello es así, con el producido de las cosas que se subasten se aplicará a devolver al menos parte de lo defraudado a los damnificados. Si no se rematan estos bienes, serán asignados a lugares en los que puedan ser de utilidad, por ejemplo escuelas, pero esto debemos verlo y estudiarlo una vez que tengamos el inventario de todo lo que secuestremos”, remarcó el funcionario.
Sobre Aprad
La Aprad es la entidad del Gobierno provincial que administra todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones. Estos bienes tienen como objetivo primordial su utilidad social. Los mismos pueden ser: autos, insumos informáticos, celulares, joyas, etc. En el caso de vehículos, pueden ser entregados para que sean utilizados por la Policía, Institutos Penitenciarios, Educativos o Asistenciales del Estado Provincial. También pueden ser rematados, o bien, compactados. Los elementos de cocina y muebles en general, o vestimenta y demás bienes hogareños, pueden ser entregados a entidades de beneficencia.
